La Vecindad

LAS POSIBILIDADES de que María Esther Torreblanca Cortés sea la nueva regidora en el gobierno municipal de la capital del estado son muchas, a pesar de que como Coordinadora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes no daba una.

Con ese cargo aparecía hasta ayer miércoles 14 de diciembre de 2016 en la página de Transparencia del gobierno del estado de Puebla. Y en su historial tiene perdidos tres amparos interpuestos por ciudadanos afectados por decisiones de la secretaría en manos de Diego Corona Cremean.

Anótele por ahí que Torreblanca Cortés fue también directora general de Asuntos Jurídicos de la SEP y, sorpréndase, en alguna ocasión jefa de la ahora diputada Irma Patricia Leal Islas. Desde hace unos años es gente de toda la confianza del alcalde Luis Banck Serrato…, pero nada garantiza que en el Ayuntamiento sí gane asuntos jurídicos. Al tiempo.

ADIVINE: en la orden del día de este jueves se dará lectura a los dictámenes que presenta la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado en relación con los inicios de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades... en contra de Eduardo Rivera Pérez. Adivine usted ¿se trata de una venganza política?

CAUSA EN Común informa este miércoles que al 31 de octubre de 2016 han sido evaluados 123 mil 673 (99.4 por ciento) mandos y operativos de las secretarías de Seguridad Pública en los estados. De esa cifra, 9 mil 104 (7.32 porciento) no fueron aprobados.

Los estados con el menor índice de elementos no aprobados son Campeche con 0.25 por ciento; Guanajuato con 0.57por ciento; Coahuila con 0.87 por ciento; Puebla con 1.28 por ciento y Querétaro con 1.60 por ciento. Así las cosas.

LOS HUACHICOLEROS "cooptan" a ciudadanos para que se involucren en el robode combustibley los defiendan de las autoridades, dijo este día el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano. Esta mañana en San Miguel Xonacatepec presuntos vecinos retuvieron a dos policías municipales.

El asunto es bastante más grave: los huachicoleros secuestran a municipios completos, incluidas sus autoridades, para que les sirvan en actividades de halconeo y almacenen el combustible robado. Aquí hay un reconocimiento implícito: las autoridades estatales son incapaces de ganarse a los habitantes; ganan los chupaductos.

Sospechoso es, por ejemplo, que autoridades ambientales no digan ni pío cuando hay derrames causados por la ordeña de combustible. ¿Tienen cifras de las hectáreas dañadas?, ¿cómo anda la mortandad de la fauna que habita en la zona por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos?, ¿por qué tanto silencio?