JUAN CARLOS Mondragón Quintana regresa a Puebla. Estará trabajando en el equipo de Yo con México, plataforma que impulsa a Margarita Zavala como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República Mexicana. Fue, como muchos otros, un exiliado por el morenovallismo.

EN EL país se han presentado siete denuncias penales contra propietarios de estaciones de gasolina por resistirse a la verificación correspondiente de las máquinas expendedoras. Se ha registrado esta situación en el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México y, por supuesto, Puebla.

ASÍ LA preocupación del gobierno poblano por sus ciudadanos. Es, junto con Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, un estado que no tienen información de personas desaparecidas en las páginas web de sus procuradurías de justicia.

Veamos: ¿será cómplice el gobierno si no investiga las desapariciones y, por lo tanto, no sabe quiénes y bajo qué circunstancias cometen delitos como el homicidio, la trata de personas o el crimen organizado?

EL ESTUDIO "Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?", elaborado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) revela que la sociedad tiene una percepción negativa de la policía.

Después de los políticos, los agentes de la policía son en quienes menos confían los ciudadanos: "al mencionarles la palabra policía, 35 por ciento de los entrevistados la asociaron con corrupción; 13 por ciento, con inseguridad, y 19 por ciento, con otras características negativas como miedo, ineficiencia, desconfianza y prepotencia". En ese estudio se incluye al estado.

EL DIPUTADO Julián Peña Hidalgo presentó una iniciativa para modificar los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Agua para el Estado de Puebla. Intenta poner un candado para que no se permita la privatización del agua, y no descarta recurrir a instancias internacionales porque, dice, si es un derecho humano, no debe cobrarse.

EL GOBERNADOR Antonio Gali Fayad envió una iniciativa al Congreso para que el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública dependa de la Secretaría General de Gobierno y no de la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Ahora qué hará el Congreso si en 2015 avaló que el Consejo Estatal de Seguridad Pública dependiera de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Harán caso al actual gobernador? ¿Eso implica que en 2016 se equivocaron? Como siempre, ¿obedecerán sin meter las manitas?