Omisiones pecaminosas en el Consejo Estatal de Seguridad Pública

Entre el personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), organismo descentralizado que en el sexenio pasado pagó millonarias cantidades a consultoras y asociaciones fantasmales por supuestos servicios de capacitación, asesoría y creatividad que jamás se impartieron, hay la sobrada sospecha de que la Secretaría de la Contraloría no investigará nada, aun tratándose de un descarado desvío de recursos públicos.

De hecho, a raíz de lo aquí publicado sobre el CESP, se sabe que la Contraloría en lugar de indagar el procedimiento mediante el cual se asignaron en agosto de 2016 contratos por 26.76 millones de pesos a despachos y asociaciones que carecían de registro ante la Secretaría de Hacienda como organizaciones donatarias o que ese mismo año desaparecieron, se dedicó a revisar cómo podría justificar que los cursos y capacitaciones en los diez Centros Integrales de Prevención y Participación Ciudadana de Puebla, Tehuacán y Atlixco, sí se impartieron.

Y es que a los auditores enviados al Consejo, para revisar los expedientes y las facturas de los proveedores que supuestamente impartieron los talleres de capacitación, les tomaron el pelo dos de los funcionarios involucrados en esa simulación: Isabel Aguilar Verdín, directora de Prevención del Delito de la Secretaría General de Gobierno (SGG), y Alejandro Romero Parra, director de Participación Ciudadana del CESP.

Estos les dijeron que varios de los proveedores les eran impuestos desde la Secretaría de Gobernación federal -lo que es relativamente cierto en el caso de la empresa Agencia Integral Capital MX, que sólo en agosto pasado cobró 6.9 millones de pesos por talleres de futbol-, o que se trataba de consultoras y asociaciones recomendadas por los anteriores directivos del Consejo como Juan de la Cerda Hermida, que en octubre de 2015 fue removido como secretario ejecutivo.

Lo que no les dijeron a los auditores de José Villagrana Robles es que varios de esos despachos y asociaciones los controlan ellos a través de prestanombres, que otros como BMG Allianz S de RL de CV, Baupre Networks SC y MBT Consultores SC están ligados a una red de empresas fantasma vinculada a prominentes funcionarios de la administración pasada, y que varias de las asociaciones favorecidas con millonarios contratos estaban impedidas para recibir recursos por haber perdido su registro como organización donataria.

Otra cosa que también omitieron es el origen de dos autos Passat al servicio de Uber a nombre del exchofer de Alejandro Romero Parra, Carlos Santos Mata, que tenía un sueldo de 8 mil pesos mensuales, o del salón de fiestas recién inaugurado La Querencia, ubicado en la calle Indio Pípila número 10 en el barrio de Guadalupe del municipio de Ajalpan.

Dicha simulación puede costarle cara al contralor, pues entre el personal despedido y el que aún labora en el CESP, hay muchos inconformes que saben cómo se desviaron millones de pesos vía adjudicaciones de talleres y cursos a los Centros Integrales de Prevención y Participación Ciudadana de Puebla, Tehuacán y Atlixco que jamás se impartieron.

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