Inculquemos la cultura de la prevención y el cuidado desde la niñez
Un tema que resulta importante y nos debe ocupar cuanto antes como sociedad es la necesidad de incrementar la cultura de protección civil: es necesario que se inculque desde la niñez, preparando a las futuras generaciones con conocimientos que les permitan saber qué hacer y cómo actuar ante riesgos de origen natural o antrópico.
Esto porque se considera que los niños son unos grandes aliados en el impulso de la protección civil, pues además de replicar la información al interior de sus hogares empiezan a desarrollar acciones preventivas como un estilo de vida.
En ese contexto es que como ciudadano preocupado por arraigar la cultura de la prevención y en mi calidad de diputado local presenté ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Fracción 2 y adicionar la Fracción 8 al Artículo 66 de la Ley Estatal de Protección Civil, con la finalidad de que se trabaje en fomentar la cultura de la prevención entre los niños y también se dé atención prioritaria para la población vulnerable en estas condiciones.
La intención es que se desarrollen las estrategias necesarias para generar la promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad.
Tenemos claro que en el caso de Puebla existen registros de inundaciones y desbordamientos, historia sísmica, actividad volcánica, incendios forestales, usos de suelo irregulares, concentración promedio anual por contaminante atmosférico y elevaciones en los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco; fenómenos que ponen en riesgo los asentamientos humanos.
De acuerdo con el Diagnostico Nacional de los Asentamientos Humanos, los desastres que han generado mayor costo económico al país han sido los ocasionados por los sismos de 1985; las severas inundaciones que se produjeron en Tabasco, Oaxaca y Puebla en 1999, así como el hecho de que entre 1990 y 2000 se han registrado 73 sismos con magnitudes superiores a los 7 grados, siendo las zonas que han presentado mayores intensidades los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Chiapas, y las regiones Río Balsas Interiores, Veracruz-Oaxaca y Puebla-Morelos.
En todos estos acontecimientos, o al menos en su mayoría, el estado de Puebla se ha visto involucrado. Y aunque evidentemente nuestra conciencia como sociedad ha evolucionado a favor de incrementar las medidas de precaución, es evidente que hace falta corregir aspectos que si desde la niñez ponemos atención, los impactos negativos podrán ser minimizados e incluso, hasta cierto punto, controlables.
Ahora bien, existe una realidad ante la que no podemos cerrar los ojos y que tiene que ver con que existen grupos vulnerables en condición de riesgo, de acuerdo con el lugar en donde se encuentran asentados.
No podemos cruzar los brazos y, por eso esta iniciativa también incluye reformas que los atiendan. Se trata de que las políticas oficiales en la materia tengan atención prioritaria para la población vulnerable por la condición de riesgos y peligros en la que se encuentran, donde se tome en consideración sus condiciones de precariedad económica, de vivienda, por ubicación geográfica, sin importar el asentamiento humano en el que se encuentra, esto es, si está en un contexto urbano; en aludes, en la montaña, y en sequías.
Lo anterior con el objetivo de concebir a la protección no sólo como un servicio público al que tiene derecho el ciudadano y que es responsabilidad del Estado en sus tres niveles de gobierno, sino brindarlo desde luego con la participación de la sociedad, donde la cultura de la protección debe inculcarse desde la niñez y donde las políticas públicas den mayor atención a los grupos con mayor vulnerabilidad por la condición de debilidad en la que se encuentran.
