En el momento que se escriben estás líneas, el Senado de la República discute la Ley de Seguridad Interior, y si el gobierno federal y sus aliados persisten en no escuchar razones, aprobarán dicha ley.

De manera tendenciosa han tratado de señalar que quienes rechazamos esta propuesta, estamos en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Mentira. Nada más alejado de la realidad. Nuestras Fuerzas Armadas son de paz. Nuestro Ejército es el heredero de los contingentes armados que se alzaron en contra del usurpador Victoriano Huerta, el asesino de Madero, de Pino Suárez, de Belisario Domínguez; nuestro Ejército es quien derrotó al general sanguinario y traidor que intentó asesinar la democracia mexicana. Son un Ejército de origen popular y plural, nacionalista, institucional y solidario con su pueblo.

La Ley de Seguridad Interior pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Hace casi cincuenta años, el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz cometió un grave error al instruir al Ejército reprimir a los estudiantes en 1968; en los años setenta, fue una terrible equivocación de Luis Echeverría Álvarez involucrar a efectivos militares en la guerra sucia, en la Guerra en el Paraíso, como la llamó Carlos Montemayor; hace diez años y a la luz de los resultados, fue un terrible equívoco de Felipe Calderón colocar sobre las espaldas de nuestro Ejército la lucha en contra del narcotráfico.

Este gobierno ha perdido la visión de Estado. En las filas del gabinete no quedan estadistas, no quedan voces sensatas que adviertan cómo la subordinación de los mandos militares a la autoridad civil ha sido un factor fundamental, primero de la paz social, y segundo, de nuestra transición a la democracia.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior será un grave error del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de los grupos parlamentarios del PRI y de sus aliados en el Congreso de la Unión, porque lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra Nación, profundizará la descomposición social. Qué lamentable, qué terrible que este gobierno termine de esta manera, con la aprobación de una ley que militariza al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social.

La mano dura, la militarización del país y el retroceso de las libertades son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país, para los cuales la democracia es un molesto obstáculo y se preparan de esta forma al cambio de régimen que se dará en el 2018. La aprobación de esta ley es riesgosa en extremo para la democracia, fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos. Lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria.

El combate a la delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales, con mandos civiles. Por eso, la sociedad tiene claro que necesitamos con urgencia cumplir con todo lo que hasta el momento no se ha realizado; necesitamos un nuevo modelo policial, más y mejores policías; mejor coordinación e inteligencia; necesitamos que los mandos policiales sean civiles, personas profesionales y, sobre todo, honestas. Lo que necesitamos es erradicar la corrupción en el combate a la delincuencia y terminar con la impunidad; ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad y no la mala utilización de nuestras Fuerzas Armadas.

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