Uno de los ejes rectores en materia de medio ambiente en nuestra propuesta programática es detener cualquier proyecto o actividad que pretenda despojar a los pueblos originarios de su patrimonio. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, los pueblos originarios tienen el derecho a la posesión de las tierras que han ocupado históricamente. Recomienda la protección a las tierras de las comunidades originarias contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o que la población considere improcedentes, desde los puntos de vista social y cultural; por lo tanto, las naciones deben adoptar leyes y políticas encaminadas a preservar las prácticas consuetudinarias y a proteger la propiedad de los pueblos originarios. Debe permitirse que los pueblos indígenas que participen activamente en la formulación de las leyes y políticas nacionales relacionadas con la ordenación de los recursos y otros procesos del desarrollo que pudieran afectarles.

La Convención Sobre la Diversidad Biológica expresa el reconocimiento de la contribución que pueden hacer los conocimientos tradicionales, tanto a la conservación como al uso sostenible de la biodiversidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la situación de éstos derechos en México del año 2015, advirtió que las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido proceso penal. En varias ocasiones se ha denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como consecuencia de la lucha por sus tierras, también se ha recibido información sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.

El 12 de agosto de 2016, el Diario Oficial de la Federación publicó la Recomendación General N° 27/2016, sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, en la que refiere que se debe garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que los afecten.

Sin embargo, en Puebla la realidad resulta alarmante. Información periodística ha documentado de manera reiterada el despojo al que han sido víctimas diferentes pueblos originarios en las últimas administraciones. De manera particular, la construcción de hidroeléctricas y de centenares de proyectos mineros han estado despojando de su territorio a comunidades originarias y destruyendo el medio ambiente, así como violentando sistemáticamente sus derechos humanos.

Para darnos una idea de la dimensión del problema, según datos de la Secretaría de Economía, tan solo entre 2011 y 2012 se concesionaron un total de 59 mil hectáreas para su explotación, y una sola empresa, Almaden Minerals, posee la concesión de 45 mil hectáreas para la extracción de oro.

Después de que obtengamos el triunfo el próximo 1º de julio, en nuestro gobierno no permitiremos más Proyectos de Muerte. Nos comprometemos a que se revisarán de manera exhaustiva cada uno de esos contratos, cada una de esas concesiones, para que en su caso, le sea regresado a los pueblos originarios el control de lo que históricamente les pertenece. No volveremos a permitir que empresas multinacionales se apoderen de la riqueza de nuestros indígenas y de todos los poblanos. No permitiremos un acto más de corrupción que permita la destrucción y explotación indiscriminada de nuestros recursos. Estamos absolutamente de acuerdo con la inversión extranjera, pero respetando reglas, leyes, la biodiversidad y los derechos humanos de la gente.