La Vecindad

EL ACTIVISTA Adrián Tihuilit fue asesinado de un disparo en la cabeza y su cuerpo encontrado en el camino Xilita a San Juan en el municipio de Zacapoaxtla. Él encabezaba una lucha social contra la empresa Gaya en las Aguas del río Apulco, donde se plantea el proyecto.

Es el segundo activista asesinado en Puebla. Apenas el 15 de mayo sujetos hasta ahora desconocidos mataron a Manuel Gaspar Rodríguez, integrante de la coordinación estatal del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, quien se oponía a una subestación de la CFE en Cuetzalan.

Es necesario que las autoridades estatales y federales no descuiden el maremoto informativo que se ha suscitado por las elecciones y que vigilen y den protección a todos aquellos activistas que ejercen su derecho a disentir de proyectos que modificarán su entorno.

LA COSA se torna grave porque la noche del jueves 31 se perpetuó un ataque con arma de fuego contra Radio Xalli, estación comunitaria en Palmar de Bravo. ¿Quiénes? dos hombres que pasaron en una motocicleta y dispararon en cuatro ocasiones contra la fachada de la estación radiofónica. ¿A qué hora?, a las 22 horas aproximadamente.

Y aún más grave: Carlos Garrido Torres, candidato de Morena a la presidencia municipal de Juan Galindo, denunció que fue víctima de un atentado la noche del 31 de mayo: un desconocido disparó al vehículo en el que él viajaba sobre el camino que conduce a la carretera federal México-Tuxpan alrededor de las 20:30 horas.

¿Alguien, de cualquier nivel de gobierno, se atreve aún a decir que en el estado de Puebla, como en gran parte del país, no hay focos rojos para la elección del próximo 1 de julio? Es urgente que se garantice seguridad.

RESPONSABLES DE estancias infantiles acusan a Alejandro Sánchez Ramírez, subcoordinador operativo, y a la supervisora Patricia Hernández Zetina, de chantajear y extorsionarlas; si no les entregan cierta cantidad, no les permitirán su labor.

De forma anónima dicen estar hartas del trato recibido de Alejandro y Patricia, quienes mandan a los supervisores a amenazar con que si les encuentran "anomalías y aspectos negativos en las instalaciones" serán denunciadas ante el delegado Lorenzo Rivera Sosa, para que las sancionen o les quiten la concesión.

Mas la cosa no para ahí: a Alejandro Sánchez lo acusan también de hostigamiento sexual, conducta que el funcionario tiene desde hace dos años: les dice que de acceder a sus intenciones les brindará trato preferencial, de lo contrario, que se atengan a las consecuencias.