Hernán Gómez Bruera*

El periodismo en México requiere de cambios profundos y está obligado a replantear los términos de su relación con el Estado. Durante décadas, el régimen autoritario ejerció un fuerte control de la prensa a través de la censura y otros mecanismos de sujeción. Con la llamada "transición a la democracia" los mecanismos represivos se sustituyeron por una estrategia más amable, aunque perversa: el uso discrecional del presupuesto en publicidad oficial para premiar a unos medios y castigar a otros de acuerdo a la línea editorial que adoptaban.

A partir del gobierno de Vicente Fox, el gasto en publicidad creció vertiginosamente, haciéndose más abultado en cada administración. Llegamos así al gobierno de Enrique Peña Nieto, en que gastó entre 40 y 50 mil millones de pesos en estos fines. La entera discrecionalidad y falta de transparencia con la que se han ejercido estos recursos generó incentivos perversos y una enorme distorsión en las decisiones que toman las maquinarias mediáticas. Estas decisiones pocas veces siguen criterios periodísticos y muchas veces solo se explican por la forma en que se distribuye el dinero público.

El reino del boletinato en el que hemos vivido, donde el periodismo de investigación es aún muy incipiente, encumbró a una élite de comentócratas que permitió a los medios dotarse de cierto contenido crítico, uno que probablemente no habrían tenido de otra forma. Aunque en esta élite hay figuras notables que en algún momento contribuyeron a la transformación democrática en nuestro país, con el tiempo muchas de ellos se acomodaron al status quo post transición. Al final, esa élite se convirtió en una oligarquía cada vez más alejada de la realidad y las preocupaciones de la gente.

Los defensores de ese status insisten en que la oligarquía comentocrática es plural y diversa, cuando las diferencias entre unos y otros son cosméticas: basta leer sus frases y palabras repetidas. Entre las 40 plumas más conocidas que escriben en nuestros diarios hay mayoritariamente hombres blancos de más de cincuenta años que pertenecen al decil más alto en la distribución del ingreso, sino es que al 1 o 2 por ciento (lo digo consciente de mis privilegios).

En un país de Hernández, Ramírez, Gutiérrez y González, las columnas de opinión de los principales periódicos jamás llevan esos apellidos. Financiados generosamente con recursos públicos, las plumas de la oligarquía comentocrática se han convertido cada vez más en un grupo que le habla a una pequeña parte de las élites y difícilmente hace un ejercicio de reflexión pública útil a la sociedad.

El más reciente Barómetro de Confianza publicado por Edelman, con el cual se mide la confianza en distintas instituciones de varios países del mundo, coloca a la prensa (en todas sus expresiones), en el lugar más bajo, incluso por debajo del gobierno. 48% de los mexicanos desconfían de la prensa, más que en países como Brasil, Colombia, Argentina, Sudáfrica, Rusia y Turquía, por mencionar solo algunos países. Por si eso fuera poco, entre 76 y 80% de los ciudadanos está altamente preocupado por la diseminación de información y noticias falsas. A este respecto México se ubica entre los cinco países con el nivel más alto.

Esa enorme desconfianza puede tener varias explicaciones: que tenemos una prensa muy cercana al poder, alejada de la gente y no ajena a la corrupción; que no existe un verdadero ejercicio del periodismo en el país y que la ciudadanía se ha cansado de escuchar a las mismas voces y ver a las mismas caras. Otra probable razón es la falta de franqueza.

Para que exista un diálogo público fructífero hace falta que los opinólogos sean transparentes en sus filias y sus fobias, en lugar de simular una falsa neutralidad o una ilusoria objetividad.

@HernanGomezB