Gobernanza no me parece una buena palabra para sustituir los términos comunes de gobernabilidad, gobierno y/o toma de decisiones.

Gobernanza es un término que nos hace sentido si conlleva a los gobiernos a gobernar bien. De otra manera, sobra. Gobernar bien no es equivalente a mucha administración y poca política; gobernanza es o deber ser: hacer buena política a través de gestionar mejor la administración pública. La programación por resultados tiene este espíritu. Ser bien hecho en la política.

Nuestro entorno democrático, si bien deteriorado por no pocos de los actores que en principio se empeñaron en su construcción, requiere buena política. Una democracia sin adjetivos es el fondo: una democracia sustantiva con evidencias de generar el mayor bienestar posible al mayor número de personas, sin socavar los bienes y sin embargar el futuro.

La política metropolitana es un concepto pleno de sentido. No se impone como moda de la noche a la mañana. Al paso de los años, 25 al menos, se ha legitimado como concepto pertinente, aunque es cierto que falta mucho para ponerlo en acción comunicativa; llevarlo a la práctica según la jerga de antaño. No se ha necesitado que Hábitat III considere a las ciudades como uno de sus pilares para que se empiece a pensar en la falta que hacen las políticas metropolitanas. Más bien es satisfactorio saber que los principios de Hábitat se construyen de abajo hacia arriba.

Pero, ¿quiénes serían los principales protagonistas del escenario, o en claroscuro, del drama metropolitano? Por supuesto que en última instancia la población urbana en tanto ecosistema, pero en primera instancia aquellos municipios que conforman la gran ciudad en expansión, o también toda mediana o pequeña ciudad en conurbación agresiva al medio ambiente y a su marco construido.

Brillantes críticos de la legislación argumentan que la ley no es clara, ni suficientemente expedita como para encarar con políticas metropolitanas a la realidad nacional que -en esta materia crítica- en muy breve tiempo, si no es que ya: el futuro nos ha alcanzado con las manos cubriéndonos de vergüenza. Según algunos de ellos, mientras no se trabaje por la reconstrucción de un cuarto poder, o sea, un gobierno metropolitano de amplios poderes, seguiremos actuando en el subdesarrollo, puesto que "es en el subdesarrollo donde se hace drama del problema metropolitano".

Sin duda hay problemas sustanciales que impiden la falta de concurrencia, que más que articulado, es principio de la ley. La ley general vigente, por ejemplo, conservó intacto -o casi- el artículo primero que se refiere a la concurrencia o -más preciso- a las acciones institucionales concurrentes, lo que fue prácticamente imposible de aplicar desde un régimen político autoritario que la diseñó, siendo evidente que en más de 40 años apenas haya habido intentos al respecto. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?, si para eso estaban los delegados federales.

A esta dura crítica de ausencia, omisión o exageraciones bizantinas de atribuciones en la ley (por ejemplo, en el Artículo 115 constitucional) hay varias formas de responder. Una es esencial: la ley actual, chimuela o no, tampoco es muda al respecto…, deja ver a través del aliento a las prácticas crecientes del asociacionismo municipal la posibilidad de generar acuerdos de cooperación y coordinación. Ello, y la claridad de entendimiento de un gobierno estatal sensible, es necesario y quizá suficiente para empezar a poner en marcha las políticas metropolitanas. Tratar de institucionalizarlas inclusive para evitar su retroceso; pues, sin políticas públicas metropolitanas no hay ni habrá gobernanza, real ni posible. Y menos habrá proyecto de ciudad. En vez de concurrencia…, ocurrencias.

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