Beatriz Mojica Morga*

Nada ni nadie han podido sustentar la verdad de lo que ocurrió en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa esa noche del 26 de septiembre y los días y meses siguientes, ni dar certeza de su paradero.

Este hecho fue un gran botín político, un arma que han usado para descalificar a sus rivales o poner en evidencia ineptitudes, omisiones y manipulaciones en todos los órdenes de gobierno.

En pocos días, Enrique Peña Nieto transitó de la indiferencia a la manipulación de la evidencia. En tanto, la indignación y la rabia crecieron.

Lo único cierto es que los cientos de miles de fojas que integran los expedientes de la PGR; CIDH; CNDH; artículos, notas periodísticas y mesas de análisis, hicieron pedazos una hipótesis que todo apunta, fue fabricada.

La periodista Anabel Hernández en su libro La verdadera noche de Iguala, apunta de manera aguda que los restos de Alexander Mora Venancio "descubiertos" por Tomás Zerón de Lucio en el río de San Juan en Cocula, serían evidencia de que el responsable de la múltiple desaparición fue el Estado; si como se presume, hubo una escenificación en ese sitio, Zerón tendría que saber dónde están los estudiantes.

Los sucesivos titulares de la PGR ignoraron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando llamó a aclarar el grado de participación en los hechos de la Policía Federal, del Ejército, las policías municipales y las autoridades estatales.

Tampoco respondieron a 123 preguntas que le plantearon para el esclarecimiento del caso, entre ellas: ¿por qué hubo una reunión de autoridades en el C4 la misma tarde del 26 de septiembre del 2014?, o ¿por qué la policía custodiaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de octubre?, cuando se descubrió hasta el 27 de octubre que supuestamente los estudiantes habían sido calcinados en ese basurero.

En el fin de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su incomprensión de la magnitud de la tragedia, al calificar a la investigación de la PGR como "seria y profunda", y aunque reconoció que fue necesario abrir las pesquisas a una auditoría externa, no aceptó sus conclusiones ni recomendaciones.

La tragedia de los estudiantes abrió una perspectiva de la realidad que aún persiste: la grave inoperancia de los sistemas de seguridad pública, de investigación y procuración de justicia, así como la colusión de los cuerpos policiacos con la delincuencia organizada.

Más allá de verdades históricas y de discursos alienantes cabe la pregunta: ¿qué tanto hemos avanzado desde aquel fatídico 2014?, ¿cuáles de esas terribles condiciones que generaron el suceso persisten?, ¿estamos preparados para evitar que la historia vuelva a repetirse? La respuesta es terrible: no se ha hecho nada para cambiar las condiciones de la región, no hay reparación del daño, las condiciones de Guerrero han empeorado y no se implementó ninguna política pública que garantice que la historia no vuelva a repetirse.

La Comisión de la Verdad que proyecta impulsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá una gran tarea de llegar a la verdad, aunque duela; pero también tiene que ver con la reconstrucción y recuperación de la confianza en las instituciones, por ello, no sé si sea buena noticia la declaración que dio Olga Sánchez Cordero, de que sus conclusiones no serán vinculantes.

Garantizar la no repetición de hechos tan lamentables pasa por tener una Fiscalía General realmente independiente. ¿Lo lograrán?

*Ex secretaria general del PRD