La omisión, la complicidad y la impunidad de las autoridades de Puebla generaron el caldo de cultivo ideal para que se haya convertido en el estado con el mayor número de tomas clandestinas, para la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos.

En los últimos nueve años, Puebla se conoció también en el ámbito nacional como uno de los preferidos para el robo de combustible y no sólo eso.

La frenética campaña que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del huachicol permite saber ahora que en el robo de combustible participan empleados de Pemex, trabajadores sindicalizados y comunidades completas de Amozoc, Tecamachalco, Quecholac, Palmar de Bravo y Atzitzintla, donde el crimen organizado tiene el control no sólo del robo de combustible sino de muchos aspectos sociales más.

Así, por ejemplo, una revisión aleatoria del Reporte de Gasolina de la Procuraduría Federal del Consumidor detalla que entre 2016 y 2017 las revisiones de su personal a gasolineras poblanas aumentaron, pero sin acercarse al Triángulo Rojo.

El 4 de abril de 2018 el gobierno del estado de Puebla emitió un comunicado en el que aseguró que en 2017 fueron clausuradas 21 gasolineras, pero no detalló en qué municipios o juntas auxiliares.

Antes, el 15 de julio el Ejército detuvo a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y Jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, por su relación con el robo de combustible a Petróleos Mexicanos. Ambos rindieron declaración ante la delegación de la Procuraduría General de la República; Estrada fue detenido mientras conducía la patrulla PE-330 de la Policía Estatal, con placas SL-96-131; en la unidad había contenedores con hidrocarburo robado.

El martes 7 de agosto, fue detenida Ilse Lucía N., esposa del alcalde de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, en un operativo para combatir el delito de robo, sustracción y venta ilegal de hidrocarburo en Puebla: elementos de la SEIDO realizaron cateos en tres domicilios ubicados en Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza. En uno de los domicilios fue detenido Omar Daniel Romero Morales alias El Kakas, de 33 años de edad, al parecer principal operador del huachicol en la zona, y a una mujer que dijo ser su esposa, identificada como Griselda, de 33 años de edad. Ilse finalmente pagó una garantía de 20 mil pesos y siguió su proceso en libertad; sólo se le acusó de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México.

El caso quizá más emblemático de la cercanía entre los sospechosos de ser huachicoleros y los hombres con poder político es el de Othón Muñoz Bravo, El Cachetes, aprehendido el 20 de agosto de 2017 señalado como uno de los principales implicados en el robo de combustible a Pemex; sin embargo, salió libre tras pagar una fianza de un millón de pesos al no levantársele cargos por delitos relacionados con la venta de huachicol y sí por posesión de drogas y arma de uso exclusivo del Ejército.

Así, cualquier revisión que se haga sobre el huachicol en Puebla arroja números negativos para el estado y su clase política, aunque hoy día algunos de quienes se vieron involucrados en las aprehensiones por robo a los ductos de Pemex se den el lujo de enviar cartas aclaratorias a algunos medios de Puebla pidiendo, dicen ellos, que se les compruebe porqué tienen X o Y sobrenombre.

La cosa es bastante más compleja: ¿quién es el verdadero factor de poder en Puebla?, ¿quién está tan enojado en Puebla por las consecuencias del combate al robo de combustible que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?, ¿a quién le molesta que esté a punto de evidenciarse que la estructura del huachicol tienen como fundamento las omisiones de los gobiernos estatales y, además, una estructura de gasolineras establecidas legalmente, propiedad de empresarios que hoy intentan intimidar?

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*Director Editorial El Popular, diario imparcial de Puebla