Sin duda, quien afirma está obligado a demostrar. En el pasado artículo afirme no encontrar diferencias cualitativas entre los programas regionales y metropolitanos, salvo la escala del nivel de planeación. Estoy hablando, por supuesto, de las metodologías oficiales de la planeación urbana y territorial. La gran diferencia es conceptual y su evidencia se halla en la acción práctica.

Ejemplo notable aún lo es el Programa Angelópolis, para el cual el nivel subregional de planeación y el nivel metropolitano fueron lo mismo. Ninguna confusión, más bien un encubrimiento de objetivos sociales.

La bastedad de aquel programa se extendió hacia toda la región Angelópolis, si bien se enfocó en la emergente zona conurbada para desde ahí: fincar sus acciones en dos mega proyectos clave. El de Paseo de San Francisco en pleno corazón de Puebla, es decir, el Centro Histórico y el llamado Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, la famosa "Reserva". La Atlixcáyotl, al suroeste de Puebla, en terrenos del este de San Andrés Cholula y Quetzalcóatl, entre terrenos de Cuautlancingo sur y San Andrés norte, muy próximos a la UDLA. El primer polígono fue cuna del proyecto Angelópolis que es en la actualidad hito de la zona metropolitana y sin duda, detonador implacable del crecimiento urbano de sus alrededores; la reserva Quetzalcóatl de mucho menor tamaño, fue casi en su totalidad asignada a vivienda social bajo promoción inmobiliaria. Ambos megaproyectos serían administrados por fideicomisos del gobierno estatal.

Aunque a decir verdad, ala fecha desconozco algún importante estudio con profundidad analítica de todo el proceso, desde la concepción hasta sus formas de operación (digo, sin apologías de la versión oficial), creo que faltan análisis urbanos acerca de los potentes impactos que el proyecto detonó.

No vamos a señalar aquí el cómo y el porqué buena parte de la vivienda social de Quetzalcóatl fue a parar en manos de clientelas de líderes corporativos ni de pequeños funcionarios de la Secretaría, encargada de su vigilancia. Veamos mejor tres pruebas de evidencia: El proyecto reconoce su impacto metropolitano, se asume como un subprograma regional en que se vislumbran los efectos diferidos sobre el conjunto regional, pero no los intensivos sobre el área de influencia directa del proyecto en cuestión; impacto pernicioso, por no decir desastrosos en términos urbano ambiental y de los patrimonios territoriales de los pueblos originarios. Son fallas evidentes también del programa, las escasas referencias al proceso metropolitano que advenía y para el cual la propia expropiación, vinculada a la reserva, recibía recursos federales. Consecuencia directa de lo anterior, fue que a fin de no enfrascarse el proyecto en una construcción de consensos para la coordinación metropolitana, (justo como estaba ocurriendo entre el gobierno del DF y del Estado de México), se optó "estratégicamente" por brincarse las trancas al formar otro fideicomiso (como si no se supiera desde la época de Echeverría a donde iban a parar los fideicomisos públicos asociados al desarrollo inmobiliario), siendo tan impopular esa medida que en las elecciones intermedias municipales, antes bastiones del PRI, se perdió el poder local de los municipios conurbados, incluyendo la capital del estado que de inmediato entabló controversia constitucional ante la corte federal.

En resumen:

Si el objetivo de las acciones urbanas del gobierno de entonces era urbanizar las reservas urbanas, raramente adquiridas por el gobierno anterior, había necesidad de legitimar las acciones inmobiliarias publicitando un propósito social. La estrategia corregida fue darle tono regional al programa derramando acciones municipales en los centros urbanos cercanos, pero simultáneamente impulsando de forma intensiva un centro moderno metropolitano, al margen de un proceso de concertación democrática de inclusión que reclamaba, no sin razones, justicia territorial.

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