Entre los diferentes contenidos cuya presencia en línea es indeseable, las informaciones falsas representan un desafío particularmente difícil de atender. No hay ambigüedad para aquellos mensajes que son vectores de violencia en el mundo "real": no tienen su lugar en Internet. Tal es el caso, por ejemplo, de los discursos de odio, los llamados a la violencia o los incentivos o instructivos para llevar a cabo ataques terroristas. Hoy, varios gobiernos han desarrollado normativas, o están en proceso de hacerlo, para obligar a las plataformas a remover prontamente semejantes contenidos.

Sin duda, determinar si un mensaje pertenece o no a esta categoría puede ser extremadamente complicado en la práctica, más aun teniendo en cuenta el volumen de contenidos publicados continuamente. Pero desde una perspectiva más general, el razonamiento es fácil de entender: las potenciales afectaciones en materia de seguridad justifican este grado de restricción que se está aplicando sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Las informaciones falsas forman parte de otra clase de contenidos. Existe una diferencia de naturaleza entre lo que, de forma genérica, se designa como "desinformación" y lo que, también, desde una perspectiva englobante, se considera como un contenido peligroso por ser vector de odio y de violencia.

A primera vista, se puede argumentar que ambas clases de contenido tienen implicaciones diferentes en materia de protección de los derechos y de las personas: debido a la subjetividad y a la diversidad de opiniones posibles sobre un mismo tema, el costo de remover una noticia falsa es mayor en términos de libertad de expresión.

Además, el impacto de la desinformación en términos de seguridad es usualmente menor, por lo que se reducen los motivos para impedir su presencia en línea. Dicho de otra manera: cuando se retira, por ejemplo, un discurso inflamatorio que busca desatar una ola de violencia contra los integrantes de un determinado grupo, se pierde poco en términos de libertad de expresión y se gana mucho en términos de preservación de la cohesión social. El impacto es contrario cuando se impide la publicación de un texto por el único motivo de su falsedad.

A primera vista, esta forma de ver las cosas tiene sentido. Sin embargo, falla en tener en cuenta la tremenda diversidad de los contenidos que se encuentran con la etiqueta de "desinformación", por lo que no faltan los casos individuales que permiten cuestionar su validez.

Por ejemplo, la difusión de mensajes que, sin fundamentos científicos, advierten contra los supuestos riesgos de las vacunas ponen a la salud pública en peligro, por lo que sus implicaciones en materia de seguridad son reales. La proliferación de estas "advertencias" en línea ha alterado la confianza de ciertos padres hacia este procedimiento básico y necesario, lo que ha causado la reaparición del sarampión en ciertas regiones de Estados Unidos en tiempos recientes: por el número de casos que ya se han registrado, es un hecho que el año 2019 presentará un nivel récord de infecciones para los estándares de ese país.

De igual manera, la desinformación puede alterar de manera significativa la estabilidad social, al impedir que las personas puedan tener sus propias opiniones y dialogar desde una misma base factual, una condición indispensable para cualquier debate de ideas. Peor aún, puede llevar a negar la noción misma de verdad: es lo que investigadores y filósofos designan como "la era de la post-verdad". En este contexto, es la supervivencia misma del sistema democrático lo que está en juego. En años pasados, numerosos procesos electorales han sido influenciados, por lo menos en parte, por la difusión masiva y deliberada de noticias falsas, dando pie al crecimiento de fuerzas políticas o incluso al establecimiento en el poder de gobiernos que no son precisamente amantes del Estado de derecho y de la democracia.

Frente a estas serias implicaciones prácticas, las empresas digitales se encuentran en un dilema. La permanencia de estos mensajes en sus plataformas presenta un alto potencial desestabilizador, pero tomar una decisión sobre cada uno de ellos basada en su veracidad sería una tarea extremadamente compleja y costosa, tanto en términos económicos como de imagen.

Por lo tanto, tratan la desinformación de una manera distinta a los discursos de odio y los incentivos a la violencia: en lugar de retirar los contenidos engañosos, hacen que sus propios algoritmos reduzcan su presencia en los "muros" y las listas de contenidos recomendados. En otras palabras: permanecen en línea, pero con una visibilidad menor. De manera complementaria, Facebook y YouTube acompañan las informaciones identificadas como cuestionables con contenidos que cuestionan estas aseveraciones. El objetivo es que el usuario tenga la opción de revisar otro punto de vista argumentado, en vez de encerrarse en la versión presentada por la fuente de información que consultó en primer lugar.

Estas fórmulas representan un interesante término medio entre la inacción culpable y lo que podría ser tachado como una forma de censura. Sin embargo, permanece la dificultad de determinar qué contenidos deben ser tratados como desinformación. Frente a las limitaciones de los instrumentos de detección automatizada (que solamente pueden identificar los casos más obvios), se han celebrado acuerdos de colaboración entre las plataformas y organizaciones de fact-checking en varias partes del mundo: sitios especializados y departamentos de medios de comunicación reconocidos que se dedican a evaluar la veracidad de las aseveraciones más controversiales, desde el punto de vista más objetivo posible.

La desinformación en línea representa un reto doble: sus implicaciones son potencialmente considerables, y las herramientas para lidiar con ella son de manejo extremadamente delicado. Las plataformas se exponen a críticas si dejan en línea contenidos engañosos; o si, al contrario, censuran expresión legítima. Las técnicas que están poniendo en marcha para lidiar con esta dificultad, cada vez más numerosas y complejas, muestran claramente que su rol ha cambiado, y que va mucho más allá de proponer un espacio para la comunicación en línea: se trata también de jugar un rol activo en la regulación de estos flujos de información.

* Profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Puebla, en la carrera de Relaciones Internacionales

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