POR PAULA FERNÁNDEZ

El gobierno portugués está preparando al milímetro la respuesta a la huelga de transportistas de combustible que arranca el lunes, a menos de dos meses de las elecciones legislativas, para evitar que se repita el caos vivido durante el paro anterior.
Con servicios mínimos, declaraciones de emergencia energética y un gabinete de crisis de última hora celebrado hoy, el Ejecutivo busca mantener la situación bajo control y minimizar los impactos de un paro que en abril ya causó problemas en los aeropuertos, el transporte público y las gasolineras, secas de combustible.

Los efectos de aquella primera paralización de los transportistas de mercancías peligrosas pillaron al país casi desprevenido, y el gobierno tuvo que anunciar la intervención legal de la huelga en su segunda jornada, para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos.

Meses después, y a las puertas de las elecciones, el gobierno que preside el socialista Antonio Costa no quiere que se repita la situación y se ha apresurado en preparar un plan de contingencia con antelación: servicios mínimos de entre 50 y 75 por ciento, y una alerta de crisis energética accionada dos días antes del inicio del paro.

“No dudaremos en asegurar la normalidad,” afirmó Costa en una rueda de prensa después del gabinete de crisis que convocó en su residencia oficial con varios miembros del Ejecutivo, en la que aseguró que “un Gobierno responsable tiene que prepararse para lo peor”.

Esta vez, las precauciones lanzadas por el Ejecutivo empezaron pronto: en julio, 20 días antes de la huelga, el ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, ya aconsejó públicamente a los portugueses que fuesen precavidos y abasteciesen sus vehículos antes de la paralización.

Esta semana, a las puertas de la huelga y tras ver que probablemente no iba a ser desconvocada, se han sucedido las ruedas de prensa de miembros del Gobierno, para exponer todas las medidas tomadas para hacerle frente.

De forma preventiva, el país se encuentra oficialmente en situación de “crisis energética” desde la pasada medianoche, una medida que se extenderá hasta el 21 de agosto y que permitirá preparar la red de puestos de abastecimiento de emergencia durante el fin de semana.

Además, el pasado jueves se anunciaron los servicios mínimos para la paralización, del 100 por ciento para prioritarios —como aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas—, del 75 por ciento para transporte público y del 50 por ciento para el suministro general de los ciudadanos.

El gabinete de Costa también ha recurrido al respaldo de la Fiscalía, que emitió un parecer en el que avala los servicios mínimos --muy criticados por los transportistas-- y considera que hay margen para incluso volver a recurrir a la intervención legal de la huelga, como ya se hizo en abril.

Esta intervención sería posible a través de la “requisición civil”, un instrumento legal reservado para situaciones “particularmente legales” que permite obligar a trabajar a los huelguistas, para garantizar que se cumplen los servicios esenciales.

El gobierno no descartó aplicar esta medida incluso de forma preventiva antes del lunes, como aseguró el viernes el ministro de Trabajo, José António Vieira da Silva, aunque hoy Costa fue más cauto y alejó esa idea: “no daremos pasos que agraven el conflicto”.

El primer ministro no quiso hablar sobre el efecto que podría tener la huelga en las elecciones de octubre, para las que los socialistas son favoritos, pero aseguró que ejercerán sus funciones “sea cual sea el costo electoral”.

Y garantizó que el gobierno no se va “de vacaciones” cuando el interés nacional está en peligro, unas declaraciones que en Portugal se han interpretado como una lección aprendida de las críticas que recibió hace dos años, cuando se fue de viaje en medio de una crisis por los trágicos incendios y el robo de armas militares en Tancos.

* Analista internacional