POR CYNTHIA DE BENITO

Intervenir legalmente un paro, un recurso considerado “extremo” porque de facto revienta las protestas de los trabajadores, empieza a ser cada vez menos límite en Portugal, donde la izquierda y los sindicatos alzan la voz, preocupados, ante lo que consideran una “limitación” al derecho a huelga.

La alarma ha saltado con la intervención en la huelga de transportistas decretada anoche, apenas diez horas después de que comenzase el paro.

El gobierno portugués, que preside el socialista António Costa, tomó la decisión amparado en los “incumplimientos de los servicios mínimos” que dijo haber registrado durante la tarde en varias infraestructuras del país, y apuntó que se aplicaría puntualmente la “requisición civil”.

Éste es el nombre jurídico que recibe la intervención legal de las huelgas en Portugal, y que no implica sólo movilizar a militares para sustituir a huelguistas, sino obligar a trabajar a aquellos que sean necesarios para garantizar servicios esenciales.

Si los trabajadores se niegan, pueden afrontar incluso penas de prisión.

Y esto, que era extremadamente inusual desde el año 2000, ha ocurrido tres veces durante la legislatura de Costa --en abril, con una anterior huelga de transportistas, y en febrero, con un paro de enfermeros--, un dato que no han dejado pasar sus socios de izquierda, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués.

Los líderes de ambas formaciones han coincidido en que se trata de una “limitación al derecho a huelga”, unas declaraciones no inexactas desde el punto de vista legal, explica el abogado laboralista Luís Gonçalves da Silva.

“Si quisiera decirlo de otra forma, sí, es verdad. Constituye una restricción, una limitación del derecho a huelga,” sostiene este experto, consultor del bufete Abreu Advogados.

Gonçalves da Silva subraya, sin embargo, que la requisición no trata de acabar con las huelgas, sino “asegurar que en un Estado de derecho otros derechos, y en especial los derechos fundamentales, son protegidos”.

“Diría que armoniza el derecho a huelga con otros derechos fundamentales,” apostilla.

Pero desde el mayor sindicato de Portugal, la CGTP, no lo ven así.

“Creemos que la requisición civil está siendo utilizada no para responder a los problemas, sino para, en este momento, limitar el ejercicio del derecho a huelga,” sostiene a Efe José Manuel Oliveira, uno de los portavoces del sindicato.

Oliveira dice que sus afiliados consideran que “el Gobierno se aprovechó” de la huelga para “dar una imagen de autoridad” a dos meses de las elecciones, y abrir un camino peligroso: “discutir” el derecho a huelga amparado en un paro, el de transportistas, que se anunció como indefinido y, por tanto, de consecuencias imprevistas.

El sindicalista observa también una tendencia que ayuda a explicar el aumento de un recurso considerado límite, una “dinámica más radical” en algunos movimientos de trabajadores que acaba por perjudicar a los propios huelguistas.

Sobre el panorama general, nota inquietud entre los trabajadores.

“Tenemos preocupación por el derecho a huelga. Hay que tener en cuenta no sólo a la patronal sino al Gobierno, que actualmente sostiene y apoya muchas preocupaciones patronales. Tenemos que tener una huelga que no dé argumentos al Gobierno y a entidades patronales para desencadenar esto (la intervención),” advierte.

Pero el abogado laboralista no considera que se vislumbre un problema y, por el contrario, opina que se podía intervenir antes.

“Creo que el Gobierno podía haber sido más rápido en esta posición, porque ya había señales anteriores de que difícilmente se iban a cumplir los servicios mínimos. No sólo porque en abril (el anterior paro) no lo cumplieron, sino también por el lenguaje y argumentos vistos en las horas previas por parte de los sindicatos,” destaca.

¿Deben estar preocupados los trabajadores por su derecho a huelga?

“No creo. Creo que durante mucho tiempo fue sacralizado, casi entendido como un derecho absoluto (...). El derecho a huelga debe ser respetado como esencial dentro de un Estado de derecho, pero también hay otros derechos esenciales y es necesario respetarlos,” subraya.

Sea por la renovada agresividad sindical, sea por exceso de celo, la tendencia resulta llamativa: frente a las tres veces que Costa ha recurrido a la intervención legal, figura una sola ocasión utilizada en la anterior legislatura, con el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho.

Fue en diciembre de 2014, frente a una huelga de los trabajadores de la aerolínea portuguesa TAP.

*Analista internacional