POR Jorge Egren Moreno Troncoso 

Las instituciones electorales cumplen funciones indispensables para el Estado mexicano. Tienen el mandato constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y fomentar su participación, fortalecer el régimen de los partidos políticos, facilitar la transmisión ordenada del poder e integrar los órganos de representación política. Su buen desempeño abona a la estabilidad política y económica del país. Soslayar su papel dentro del espacio público, sería negar la importancia de un actor fundamental durante la transición a la democracia.

La liberalización del régimen político fue un camino de cambios continuos y graduales. Sin un momento de ruptura radical o refundacional, el proceso de transición estuvo precedido de sucesivas reformas electorales. Estos cambios cumplieron con su objetivo en momentos críticos de la historia moderna de México. La reforma de 1977 permitió incorporar a nuevos actores a la arena política. En 1986 se amplió la representación proporcional a 200 diputaciones, y los partidos ganaron el reconocimiento constitucional como entidades de interés público. En los noventa se avanzó más que nunca: se creó al IFE como órgano constitucional autónomo, e inició la fiscalización de los recursos de los partidos.

En 1994 se determinó que el Tribunal Electoral calificaría la elección bajo principios procesales y no políticos; se introdujo la figura de los observadores electorales; se incorporó la representación proporcional en el Senado; y cambió la conformación del Consejo General del IFE.

Ante los resultados de la contienda presidencial, volvió el ciclo de reformas. Estas modificaciones fueron una reacción a la profunda inequidad: se integró un IFE ciudadanizado; y se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano que vigila la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades electorales y tramita los juicios ciudadanos en defensa de los derechos político-electorales.

En su momento, la reforma de 1996 significó el mayor logro de la oposición: consolidar su presencia en el Congreso y ser un contrapeso del presidente. Desde 1997, la realidad política cambió. México vivió durante décadas bajo gobiernos divididos, con jefes del Ejecutivo que tenían que negociar sus proyectos de gobierno con el Legislativo.

Ante el reclamo de la oposición y la estrecha diferencia entre el primero y segundo lugares en 2006, se forzó un nuevo ciclo de reformas. En 2007 se estableció una nueva fórmula para calcular el financiamiento público, y se prohibió la compra de espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales. Finalmente, en 2014 se nacionalizó la organización de las elecciones. El IFE dio paso al INE y el sistema nacional electoral se redefinió con competencias compartidas entre las autoridades.

Desde 1977, México no ha parado su ciclo de reformas electorales. Las autoridades han venido sumando atribuciones y han cumplido cabalmente con sus funciones; de otra manera serían inexplicables la creciente pluralidad y la cantidad de alternancias políticas. En 2018, el voto de los ciudadanos decidió la tercera transición en un clima de estabilidad, con el consentimiento del resultado por parte de los perdedores y el reconocimiento al desempeño de las autoridades electorales.

Las reformas que México vivió fueron impulsadas por la oposición y negociadas con el gobierno para procesar los reclamos de pluralidad, equidad y calidad en la contienda. Frente a esta historia de transformaciones, la oposición no tiene en la agenda legislativa el tema electoral. Sin embargo, el partido mayoritario quiere abrir la discusión sobre un nuevo ciclo de reformas. Si no es para controlar o capturar al órgano electoral, entonces cabe preguntarnos, ¿para qué?

* Especialista en temas electorales