Con la llegada del nuevo año, los funcionarios públicos federales –de los tres poderes e instituciones autónomas- están obligados a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, las últimas dos en los nuevos formatos que aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo anterior se lee fácil, pero no lo fue. Detrás de este logro está la lucha de muchas organizaciones de la sociedad civil que con las firmas de más de 634 mil ciudadanos, en 2016 entregaron al Congreso de la Unión la primera iniciativa ciudadana en la historia del país para reformar diversas normas para combatir la corrupción, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas -popularmente conocida como #Ley3de3-.

Será hasta 2021 cuando los funcionarios públicos estatales y municipales deberán también subir a una plataforma digital, como desde ahora lo deben hacer sus pares federales, toda la información pormenorizada de su patrimonio, el de sus dependientes económicos y parejas, así como información sobre negocios propios y de sus parientes. Habrá versiones públicas en las que se protegerán los datos personales.

Además de contener los datos curriculares completos del servidor público y el cargo o comisión que ostenta, se pide información sobre sus últimos cinco empleos, los ingresos netos del declarante y su familia, bienes muebles e inmuebles, inversiones, cuentas bancarias, valores, adeudos, bienes en comodato o prestados, los registros y participaciones en terceras empresas, todo con pormenores.

En el apartado de bienes inmuebles, hay que declarar, tanto por parte del empleado oficial como de su pareja, concubina/o, cónyuge y dependientes económicos, si el o los inmuebles que posee están en copropiedad con terceros y si se obtuvieron por compraventa, cesión, donación -muy de moda en funcionarios de alto nivel-, herencia, permuta, rifa o sentencia judicial. Se debe colocar también el valor de cada propiedad.

Los críticos de los nuevos formatos han señalado rendijas de los mismos: por ejemplo, no se pide se declare obras de arte, regalías sobre libros, canciones o cualquier publicación, además de cualquier dinero, bien o ganancia procedente de la generosa cesión de los agremiados de un sindicato que presida un líder sindical, o fideicomisos a nombre de cualquier otra persona -quizá algún prestanombres- del que el funcionario público obtenga algún beneficio (https://bit.ly/35kF8t5).

A final de cuentas, se pretende evitar que se repitan casos ominosos como el de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, a quien se le atribuye una fortuna de más de 800 millones de pesos en bienes raíces en la Ciudad de México (https://bit.ly/2EYVn40). Tras declarar al exgobernador de Puebla libre de cualquier culpa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, adelantó que los nuevos formatos incluyen la declaración de bienes de cualquier persona con la que el funcionario público tenga relación sentimental, aunque no sean concubinos. Esto no fue una concesión graciosa de la 4T o de la secretaria Sandoval, sino la aplicación de la ley.

No hay que perder de vista qué pasará en los siguientes 12 meses con los gobiernos estatales, pero en especial con los municipales, ya que los más pequeños y alejados de las zonas urbanas, deberán aprender a hacer las declaraciones en línea. ¿Qué van a hacer los ayuntamientos que no tienen computadora y menos llegan a internet? Eso sin contar con las resistencias culturales a hacer pública esa información.

Por cierto, en esta liga se pueden consultar los nuevos formatos de las declaraciones: https://bit.ly/2FeFUgr

OTROS DATOS

2020 inicia con el Sistema Nacional Anticorrupción incompleto. En septiembre pasado renunció al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema Irene Levy, y su reemplazo aún no llega porque la comisión encargada de seleccionar a los ciudadanos acabó sus funciones en octubre y el Senado aún no designa a los nuevos seleccionadores.

A eso súmele que el Senado tampoco ha nombrado a 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pese a que tenía que haberlo hecho desde julio de 2017, y que el Poder Judicial les había dado como nueva fecha límite abril de 2019.

Twitter: @JorgeMachucaL