México, el COVID-19 y la discriminación

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Invitados del Tec


Mayo 23, 2020

Escrito por Marcela Cecilia Rivera Basulto

Los organismos internacionales han dispuesto que la respuesta que se adopte para afrontar la pandemia debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos, con visión interseccional y guiada por los principios de igualdad y no discriminación, a riesgo de no profundizar, aún más, el impacto que esta enfermedad tiene sobre las brechas ya existentes.

Las medidas de restricción de derechos que se adopten no deben violentar más allá de lo estrictamente idóneo, necesario y proporcional los derechos humanos, y deben guiarse por el mandato de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030. Restricciones como cárcel para quienes no respeten la medida, multas exorbitantes e incluso el retiro de coches durante la contingencia resultan cuestionables por los efectos desproporcionados que tienen hacia ciertos sectores sociales, para los que el aislamiento en casa no es una opción.

En un continente como el americano, caracterizado por la desigualdad, no solo en cuanto a brechas de acceso a oportunidades, sino con la interconexión en temas como machismo, racismo, xenofobia y exclusión social, existen personas que sufren las máximas anulaciones del goce de derecho a la protección de la salud, así como de aquellos otros que le son interdependientes.

Y es que debemos entenderlo, México no es Europa, las medidas que funcionan allá, no marcharán en automático en este lado del orbe, si no se toman en cuenta las realidades y diferencias que nos definen y distinguen. En México, en el mes previo a la contingencia, se registraron 31.3 millones de personas que se desempeñaban en un trabajo informal más los casi 8 millones de trabajadores que dejaron de percibir ingresos fijos debido a la contingencia teniendo como resultado que la cuarentena fuese un privilegio que excluyó a este sector específico, que es poco comparable con los casi 3 millones de desempleos en España.

Los principios de igualdad y no discriminación deben permear en las determinaciones gubernamentales. Para ello, se precisa un enfoque de las diversidades en las que nos atraviesan, sean sociales, lingüísticas, de género, por orientación sexual, étnico racial, estatus migratorio y muchos más etcéteras. La interseccionalidad juega un papel preponderante en la protección a los derechos humanos, este enfoque ayudar a entender que las desigualdades se cruzan, no van en paralelo, sino que las discriminaciones interactúan y se potencian. En este marco, es menester del gobierno atender a la convencionalidad para privilegiar la protección de los derechos humanos.

Ejemplos hay varios: las mujeres, a cuya jornada laboral tradicional se le suman las responsabilidades del cuidado de la familia y se cruzan con la violencia doméstica potenciada por el confinamiento; las personas trabajadoras del hogar que, aunado al estado de desprotección por la incertidumbre jurídica de su relación laboral, deben arriesgarse día a día para llegar a sus lugares de trabajo en el mejor de los casos, o han debido decir adiós a su único sustento de vida, por supuesto, sin un seguro de desempleo que les ampare; las personas desplazadas, cuyo acceso a asistencia médica se ve mermado por temor a la detención y eventual deportación; las comunidades indígenas que, ante el riesgo inminente de contagio, deben de afrontarse con la realidad de no contar con la atención médica adecuada, quienes debido a su inestable situación económica, se ven forzados a seguir laborando.

Para que el rumbo al que se dirige México post pandemia no sea devastador para las personas en mayor riesgo, los países no pueden pensar en los colectivos como homogéneos, sino identificar las distintas necesidades que deben ser abordadas con medidas específicas, que atiendan sus respectivas realidades para llegar a respuestas efectivas. Además, se debe hacer un llamado a la responsabilidad social de los ciudadanos, que no solo recae en el cumplimiento de las medidas de salubridad, sino en la búsqueda de que la discriminación cese, creando así un antecedente que por fin disminuya las brechas de desigualdad que han imperado a lo largo de la historia en nuestro país. 

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey.

 

· Directora de las Carreras de Derecho, Derecho y Ciencia Política, Derecho y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla

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· Este artículo se redactó con el apoyo y colaboración de Julieta Caballero Huelgas, estudiante de la Carrera de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla.


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