“Necesitamos instituciones que puedan

reaccionar del mejor modo, ya sea para

 el caso en que la suerte nos permita contar

 con los mejores funcionarios públicos, ya sea para

el caso en que la mala fortuna nos enfrente

a los funcionarios peor motivados”.

Roberto Gargarella

En los últimos días, hemos estado ante una serie de noticias que —desde el conocimiento jurídico, es posible decir— forma parte de la legislación fiscal, pero no propiamente del derecho fiscal. Diversas autoridades fiscales federales han sostenido que los contribuyentes cometen “chicanas” en los juicios, que las grandes empresas están realizando el pago de sus contribuciones que se habían negado a pagar, que se está persiguiendo a las empresas fantasma, y hasta resulta que se están formulando querellas para procesar penalmente a los contribuyentes que cometen delitos de defraudación fiscal. Pero a más de tres meses que se ha presentado esta problemática de la pandemia, para la ciencia jurídica, lo que ha debido ponerse en las noticias, en las ocho columnas, es lo que corresponde al derecho administrativo y, particularmente, a la salud, a la alimentación sana, al medio ambiente no contaminado; es decir, a una serie de reformas constitucionales que han abierto un campo muy amplio del derecho administrativo. Son estos derechos —los que sostiene Luigi Ferrajoli como derechos a sobrevivir (FERRAJOLI, LUIGI, Principia iuris (tomo I y II), Madrid, Trotta, 2011)— en los que deberían enfocarse los discursos oficiales de las autoridades nacionales. No obstante, pareciera que se han dejado a un lado; lo que importa es hablar de la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Todo ello, claramente, no se mención en los medios del derecho fiscal, pues hay una aguda contravención entre lo que son las políticas tributarias y propiamente el derecho fiscal. La política fiscal es la que se ha estado utilizando para amenazar, intimidar, espantar con toda esa serie de manifestaciones oficiales a los contribuyentes. En cambio, el derecho fiscal lo que hace es limitar las funciones del poder tributario y es el que debería parar todas aquellas declaraciones que se han puesto en la mesa en el último mes, pues todas ellas contravienen el derecho y respeto a la dignidad humana de los contribuyentes, que es la que debe prevalecer actualmente, sobre todo, porque estos contribuyentes hoy se encuentran sumamente disminuidos económicamente: los negocios no son viables, las encuestas y estadísticas no bajan de 10 mil empresas que no volverán a abrir más, una vez que la actividad se “normalice”, etc. Es decir, lo que está ocasionando esa serie de denotaciones que se hacen para presumir el músculo de la autoridad fiscal es la violación de los más mínimos derechos de los gobernados, además de que en nada resuelve el problema de la pandemia ni de la situación económica actual. Es más, el uso de los medios de comunicación sólo es para desviar la atención de la población de la ineficaz o, mejor, ausente respuesta a los problemas actuales, lo cuales, prácticamente, han superado a las autoridades.

Desde luego, es trascendental que las autoridad competentes para ello persigan tanto los delitos fiscales como todos los demás delitos; es necesario investigar, desde dentro de las instituciones del Estado como desde fuera, la corrupción que permitió esas omisiones groseras de evasión fiscal. Sin embargo, el que se le dé prioridad en los discursos oficiales de los últimos días, que toda la noticia circule sobre ese tema, cuando observamos en la calle enfermos, hospitales rebasados, problemas operativos de los centros de salud y, por otro lado, desempleados y más desempleados, locales, oficinas, bodegas en renta o en venta, la percepción del ciudadano de a pie de que no hay apoyo alguno para enderezar la actividad económica y que sólo se ofrecen dádivas al ciudadano, claramente atenta con lo que en verdad se necesita: una responsabilidad alta del Estado para cumplir y conformar las políticas públicas y las leyes necesarias para parar esta debacle en la salud y en la economía nacional; lo cual no es algo intrascendente; por el contrario, es algo apremiante. Bien pudiera sostenerse que se estamos ante la irresponsabilidad del Estado por omisión, pues hoy debe de dar frente a esa problemática del día a día; pero es algo que no está sucediendo. Por lo visto, se está desviando la vista oficial de lo que, de origen, en la administración pública se propuso. Parece que la situación actual los ha rebasado y, ante la impotencia de no saber qué hacer, se sigue con las medidas que esta administración pública había proyectado en un inicio. Sin embargo, esto se traduce en que se ha dejado a la ciudadanía a su suerte con el grave problema de la pandemia. Así, pues, bien cabe preguntarse: ¿y cuándo se perseguirá el delito de evasión de responsabilidades?

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