Intención oculta. La imperiosa necesidad de recuperar el control absoluto del Tribunal de Justicia Administrativa, es prioridad para el gobierno del estado. La creación en la administración del extinto Rafael Moreno Valle, sirvió y sirve para el despojo de propiedades vía expropiaciones.

El búnker donde se operan procedimientos administrativos turbios, se localiza en la colonia Antequera. Al mismo tiempo sirve como un acto de desviación de las enormes corruptelas que se concretan en el Tribunal Superior de Justicia, a espaldas del Presidente Héctor Sánchez Sánchez.

El acomodo de jueces de oralidad, permite operar negocios con un grupo de litigantes y defensores sociales a modo. La batuta la llevan un par de juezas que controlan las operaciones fructíferas.

Se trata de Karla Patricia Ambrocio y Rosa Aurora Epejel Prado. Las diosas de la justicia, tienen el control absoluto de asuntos económicos fuertes. La primera en las Cholulas. Y la segunda en la Región Centro.

La jueza de control Karla Patricia, conocida en el ámbito jurídico como la Reina de las Cholulas, se caracteriza por humillar a los postulantes para sustituirlos del cargo en los asuntos donde tiene interés. Se hace asistir del defensor social para concretar cuantiosos cochupos.

La arrogancia y prepotencia con la que se maneja, están registradas en audio y vídeo. Sobre el trato indigno y denigrante a los postulantes. Lo mismo la reacción molesta que asume cuando no le llaman doctora, a tal grado que corre a los litigantes.

Afirma ser la instructora de jueces de oralidad en el TSJ. Sostiene que el mismo Presidente, le consulta dudas sobre el manejo de los juicios y lo asesora sobre algunas dudas.

La otra diosa de la justicia, Rosa Aura, consentida y apapachada por una cúpula de magistrados, detenta el cargo en la Región Centro, a pesar de la limitación de conocimientos como jueza de consigna. Es un cargo que no merece de acuerdo con integrantes del poder judicial.

La jueza de la cabellera plateada, celebra audiencias desde el estudio de su casa. Alejada de la realidad jurídica, bajo el argumento de los protocolos de sanidad por Covid.

Prohíbe que los reos asistan al Centro de Justicia de la 11 sur y 113 poniente. Exige a las familias de los presos que consigan computadora o pantalla para que puedan ver las audiencias desde el penal de San Miguel. Solo los que pagan el precio tienen derecho a audiencias presenciales.

¡Costosa justicia femenina!

Reporte del Informante

Archivo abierto. Por órdenes superiores el Fiscal del Estado, Gilberto Higuera Bernal, desempolvó viejas denuncias, archivadas por instrucciones del ex fiscal Víctor Carrancá Bruguet. Por esa razón se procedió a la detención del magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfonso Siriako Guillen Almaguer.

El fiscal para congratularse con el gobierno estatal, revive todas las viejas denuncias archivadas. Lo extraño es que en lo profundo de la congeladora sigue una por fraude millonario contra el hijo del más reciente gobernador interino. Sí el constructor de moda. El presta nombres de uno de los periódicos al servicio del gobierno. 

¡Denuncias activadas!

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