“La prueba del budín es que se le come”
Hace poco, el presidente de la república dijo que los críticos (que forman legión) de su política de “abrazos, no balazos”, se “ríen” porque no conocen ni entienden...
Hace poco, el
presidente de la república dijo que los críticos (que forman legión) de su
política de “abrazos, no balazos”, se “ríen” porque no conocen ni entienden los
profundos argumentos y razones que la sustentan. Por eso no creen que es el
mejor camino para “serenar” y pacificar al país. Es un enfoque totalmente nuevo,
aseguró. Nadie duda que el presidente tenga argumentos y razones ocultos, y quizá
tampoco sean discutibles el desconocimiento y la incomprensión consecuente, pero
de aquí no se deduce, como implícitamente sostiene él, que tales principios misteriosos
e insondables sean verdades indiscutibles per se, irrecusables y, por tanto, que
todos debamos someternos a ellos y creer ciegamente en su infalibilidad. El sentido común
dice que, para saber quién tiene la razón, si el presidente o sus críticos, lo
mejor es someter la tesis que ya se aplica de facto a la prueba de los hechos, es
decir, hacer el recuento honrado de sus resultados comprobados y aceptar el
veredicto, positivo o negativo, que de ellos resulte. Y si el veredicto es
negativo, corregir el rumbo. La tesis contraria quedará automáticamente descartada
(o comprobada) por el principio de tercero excluido. Afortunadamente,
sobra material para hacer el intento. Yo presento aquí una pequeña colección de
ese material a partir de las elecciones del 6 de junio. El día 23 de este mes, EME/EQUIS difundió que “Diversas
instancias federales han dejado correr información de que las campañas de Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla y
Ricardo Gallardo Cardona fueron apoyadas con recursos provenientes del narcotráfico”. Y más abajo: “Los partidos de la Alianza por México (PAN, PRI y PRD) han denunciado el secuestro de
más de un millar de sus representantes electorales, sometimiento de cuerpos
policíacos municipales enteros por parte de la mafia, robo de más de un centenar de urnas en solo una ciudad y amenazas a
los candidatos que decidan impugnar”. Al final del primer apartado se dice:
“Las manifestaciones condescendientes del presidente de la República hacia
personajes ligados al grupo delictivo del
Cártel de Sinaloa, dotan de un cariz aún más oscuro al proceso electoral
del 6 de junio en esas regiones”. Las negritas son del original. Joaquín
López-Dóriga, en MILENIO del 24 de junio, informó que, en entrevista con
Ciro Gómez Leyva, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acusó que “Morena
es un narcopartido, que la elección del 6 de junio en Michoacán
debe anularse porque representa el
regreso del crimen organizado al Palacio de Gobierno, que el gobernador
electo, Alfredo Ramírez Bedolla, representa los intereses de esa delincuencia y
que Morena ganó 13 de los 14 municipios que controla (sic) el narcotráfico”. Las
cursivas en el original. Agrego por mi cuenta que, al principio, nadie tomó en
serio la denuncia y acusaron a Aureoles de montar un “show” para evitar la
cárcel por corrupción en su gobierno. Pero el gobernador michoacano ha persistido.
Por “instrucciones indirectas” del presidente, presentó su queja ante la
Fiscalía General de la República e insiste en que tiene pruebas fehacientes que
debe conocer el presidente “…porque es necesario que el titular del Ejecutivo
se entere y sepa lo que sucedió y el riesgo en que está el país de conducirse
de manera peligrosa hacia un narcoestado…” (César Vázquez en MILENIO, 5
de julio). Ricardo
Alexander Márquez/Disonancias, EXCELSIOR del 26 de junio: “El narcoestado mexicano”: “Seguimos
negando la realidad. No fue suficiente ver cómo desmantelaba a la policía
federal, o dejaba doblegar a su gobierno por Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. Tampoco que dijera que su
estrategia consistía en abrazos, no balazos, mientras todos los días 100
mexicanos son asesinados de maneras inimaginables. Ni siquiera que le agradeciera
al crimen organizado por <<portarse bien>> durante las elecciones
del pasado 6 de junio, mientras criticaba a quien no votó por su <<proyecto>>”.
“No solo es un desastre, sino que lo que está sucediendo es criminal (…) Ya no
nos escandaliza ver (…) ejércitos privados retando al Estado mexicano o que
sicarios vayan cazando a ciudadanos inocentes, como (…) en Reynosa. Incluso los
cuerpos desmembrados ya son cosa de todos los días…”. Y más adelante: “… en el
mejor de los casos, podemos afirmar que lo que sucede con el gobierno actual es
simple incapacidad, aunque tal vez se trata de algo mucho más grave”. ¿El narcoestado
mexicano es ya una realidad y no una amenaza cercana? Sigamos. El 1 de
julio, 3er. aniversario de la victoria electoral de AMLO, Héctor Aguilar Camín escribió
en MILENIO: “Masacres IV: la
guerra de Zacatecas”: “En la madrugada del 22 de junio aparecieron colgados
en el puente Arroyo de las Sirenas, de Zacatecas, los cuerpos de dos policías
del vecino estado de San Luis. En la misma madrugada, vecinos de la colonia Las
Flores reportaron disparos en una casa. La policía encontró (…) a cuatro
mujeres y un hombre acribillados y a cinco niñas ilesas que habían presenciado
la masacre. Dos días después un tiroteo entre bandas dejó 14 muertos en
Valparaíso, Zacatecas”. La explicación, según el columnista (que cita un trabajo
de Héctor de Mauleón) es la guerra entre bandas mayores y menores que se
disputan ese estado. Ese mismo día, Salvador
García Soto, renombrado columnista de EL UNIVERSAL, resumió así los
frutos de la pacificación del presidente: “…el 2018 en que ganaba AMLO, el país
contabilizaba 34 mil 202 personas asesinadas y en lo que va de esta
administración, los dos años y medio de gobierno, la suma de homicidios
violentos es de casi 89 mil personas
asesinadas, 2,282 en el mes de diciembre de 2018, 36,661 en 2019, 34 mil
515 en 2020 y casi 15 mil asesinatos violentos en lo que va de 2021, de acuerdo
a cifras del INEGI y del SNSP. Esto daría un promedio de 98 mexicanos
asesinados cada día desde que empezó este gobierno.” Y hablando de un
caso específico de aplicación del “abrazos, no balazos”, Raymundo Riva Palacio
refiere que “El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una mesa de
negociación en Aguililla para ponerle fin al bloqueo y a los enfrentamientos, y
la respuesta fue un ataque directo a instalaciones del Ejército por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, y una
afrenta en la cárcel de Buenavista Tomatlán, donde miembros de Carteles Unidos están queriendo rescatar
a Miguel Ángel Treviño, el Z-40, el legendario jefe de Los Zetas. Ante el
abrazo, balazos”. (EL FINANCIERO, 15 de julio. Las cursivas en el
original). Todos son frutos irrenunciables del “abrazos,
no balazos”, la propuesta pacificadora del presidente. Lo totalmente nuevo consiste,
dice, en la idea de que la violencia y el crimen nacen de la pobreza, la injusticia
y la marginación; de ahí que el remedio sea acabar con esas lacras mediante los
programas sociales; “Sembrando vida” para los campesinos; becas, estudio y
empleo para los jóvenes y sus grandes proyectos de inversión: el Tren Maya, el
Aeropuerto en Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero resulta
que los programas sociales no eliminan la pobreza. El Dr. Carlos M. Urzúa, ex
secretario de Hacienda, dice: “En marzo de 2021 (…) el porcentaje de hogares
que manifestaron no tener preocupación por obtener suficientes alimentos fue
tan solo el 27%. Es decir, apenas un poco más de un cuarto de los hogares
mexicanos reportaron tener seguridad
alimentaria (…) Del 45% de los hogares que reportaron en 2018 tener
seguridad alimentaria ahora solo queda ese 27%”. Y más abajo: “…se estima que
el porcentaje de personas en situación de pobreza puede haber llegado en marzo
de 2021 a 54%, 12 puntos porcentuales arriba de los niveles observados en 2018
(un aumento de 14.6 millones de personas)”. (EL UNIVERSAL, 5 de
julio. El Dr. Urzúa cita un estudio de la Universidad Iberoamericana hecho con
apoyo de la UNICEF). Rubén Migueles
en EL UNIVERSAL del 1 de julio dice: “Pronostican récord de 67 millones de pobres”. “En 2018 la
población en pobreza ascendió a 52.4 millones de personas, sin embargo, para
mayo de 2020, el consejo (Coneval) advertía que sin políticas públicas que
atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación
de pobreza por ingreso podía aumentar hasta 9.8 millones…”; y luego añade: “De
acuerdo con las estimaciones más recientes, la población en pobreza había
llegado a 67 millones en marzo de 2021, es decir, 14.6 millones más que en
2018…”. La pobreza extrema casi se duplicó: pasó de 9.3 a 18.3 millones, según
la misma nota. Y hay datos más pesimistas sobre esto mismo. Las noticias más
recientes sobre los resultados de la estrategia presidencial tampoco son
alentadoras. En gira por Guerrero este fin de semana, le llovieron quejas por
la impuntualidad con que llega la “ayuda” o porque de plano no llega. Es decir,
que sus programas sociales no se aplican con el profesionalismo requerido siquiera
para comprar conciencias. Manuel Espino, en EL UNIVERSAL del 18 de julio,
dice que, según la Secretaría de Marina (SEMAR), ahora el narco opera como
cooperativas pesqueras en los mares mexicanos. MILENIO de la misma fecha
dijo: “Incrementa tasa de homicidios
dolosos en México”. Nuevo León, Zacatecas, Baja California y Chihuahua
albergan los municipios más violentos. Crecen las denuncias
por la inactividad total del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Los
tres se mantienen de brazos caídos ante las acciones más violentas del crimen
organizado, aunque ocurran frente a sus ojos. La razón es que tienen órdenes
del presidente de no intervenir, no atacar a los delincuentes ni defenderse,
aunque la agresión vaya en su contra. Se sabe que sus jefes tienen vedado informar
de una sola baja letal, del bando que sea, en las reuniones de seguridad con el
presidente cada madrugada. Finalmente, Forbes
MÉXICO dijo el 16 de julio: “EU
detuvo más de 1 millón de migrantes en la frontera con México desde octubre”; y
Pablo Hiriart aclaró las cosas en EL FINANCIERO del 19 de julio: “En el año
fiscal 2019-2020 fueron detenidos y deportados (…) 106 mil migrantes mexicanos.
Pero en lo que va de octubre de 2020 a junio de 2021, han sido detenidos o deportados
479 mil 376 mexicanos. Casi medio millón”. Más abajo dice: “Los números
actuales, tan elevados, corresponden a mexicanos que se arriesgan en el río, en
el desierto o se apretujan en el cajón de un tráiler, con tal de irse. ¿Por
qué, cuando según el gobierno están felices, felices, felices? Por el
crecimiento de la pobreza y la violencia en México.”
Estos son
algunos de los hechos que he podido recopilar. ¿Qué se desprende de ellos? Que,
independientemente de lo profunda que sea la filosofía presidencial, su
política pacificadora es un fracaso total y debe corregirse a la mayor
brevedad. En su discurso de noviembre de 2018, Alfonso Durazo, secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana entonces en ciernes, dijo que crimen y
violencia no se combaten con las armas. Para salvar la parte de verdad que hay
en esa afirmación, debió decir: no solo con
las armas. Es hora de recordar a la opinión pública que esta ha sido, precisamente,
la posición que ha defendido el Antorchismo Nacional desde hace 46 años: no
solo con armas, sino también con justicia social plena, hemos sostenido siempre,
aunque nadie nos haga caso. Según esto, lo único nuevo de la “teoría” de AMLO
es haber suprimido el “solo”, con lo
cual transformó la tesis en una redonda y peligrosa falsedad. “La prueba del
budín es que se le come”, dijo Engels, y el “abrazos, no balazos” no pasa la
prueba del budín ni con chochos. Vale. |
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