Sin tomar en cuenta que el perjuicio más grande es hacia los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha trascendido del ámbito local al ámbito nacional. Han pasado más de siete meses que las instalaciones de la UDLAP fueron tomadas por elementos de la policía estatal, sin embargo, aun cuando en días recientes se llevaron a cabo algunos movimientos dentro de la universidad, como la renuncia de Armando Ríos Piter, todavía parece turbio el desenlace de este problema.

Aunque durante años la UDLAP ha posicionado a Puebla en el ranking nacional e internacional de universidades privadas como uno de los lugares que alberga a una de las mejores universidades del país por su alto nivel académico, hoy pareciera que un conflicto entre particulares, donde hasta el gobierno del estado está involucrado, está por encima del prestigio que esta institución ha dado a nuestra entidad en el ámbito educativo.

La situación que atraviesa la universidad se ha encasillado en un conflicto, también político, donde no se ha tomado en cuenta a los alumnos, aun cuando son ellos el pilar fundamental para que dicha universidad siga funcionando. Con marchas, manifestaciones y clases afuera del campus, alumnos y docentes han expresado su sentir ante lo que ocurre con su universidad, pero de poco ha servido ya que no se ha visto la sensibilidad suficiente por parte de las autoridades y los involucrados para poner punto final a dicha situación.

La peor parte de todo esto la llevan como siempre alumnos y trabajadores, tanto académicos como administrativos, pues su futuro inmediato depende de las decisiones que tomen personas ajenas a su formación profesional o ingresos laborales. Mientras tanto, ni representantes locales, ni representantes federales han incorporado en la agenda pública una vía para buscar una solución alterna al conflicto.

Pero el problema no solo ha retrasado la vuelta a las aulas en la UDLAP, también ha generado un impacto económico negativo en el municipio de San Andrés Cholula, ya que comercios y familias que dependen de las actividades derivadas del funcionamiento de la universidad igualmente se han visto perjudicados. Si bien, poco a poco, se ha ido regularizando la economía local como consecuencia de la pandemia por Covid-19, este conflicto sigue atrofiando la circulación de la economía en la región de las Cholulas y municipios aledaños.

Quizá el conflicto de la UDLAP parece uno más dentro de los que ha afrontado el gobierno de Miguel Barbosa, no obstante, sus consecuencias no son menores, pues son los estudiantes, los trabajadores y la ciudadanía quienes terminan perdiendo. Además, recordemos que no hay un acto tan reprobable como el de interrumpir el desarrollo académico y profesional de los alumnos, pues con ello se atenta contra sus sueños, sus metas y sus aspiraciones.