Ya estamos en marzo, un mes en que se cumple de manera oficial dos años de la pandemia por Covid-19 que cambio de manera radical el ritmo de vida de nuestras sociedades. Pero también se cumplen poco más de dos años desde que ocurrió la tragedia en Huejotzingo donde tres jóvenes estudiantes y un conductor de Uber fueron asesinados después de asistir al carnaval de dicho municipio.

A dos años de distancia pareciera que la pandemia disminuye, pero lo que no reduce es la violencia y la necesidad de justicia ante ese tipo de crímenes donde las autoridades públicas y las instituciones de seguridad dejan mucho que desear. Si recordamos, marzo de 2020 fue uno de los meses más violentos de ese año, al reportarse, de acuerdo con cifras del gobierno federal, 110 homicidios, de los cuales muchos quedaron sin una sentencia o en indicios de investigar dichos eventos.

La pandemia vino a descargar una loza de presión que traía el gobierno del estado pues los reflectores se dirigieron hacia esta problemática de salud, por lo que la violencia y la inseguridad que permeaba en Puebla pasó a segundo término, además la presión por parte de los estudiantes que tomaron las calles para exigir justicia y seguridad al gobernador se disipó, generando con ello que este pudiera pasar alto el asesinato de los estudiantes en Huejotzingo.

Hoy que se ha disipado el tema de la pandemia dentro de la opinión pública una vez más los temas de debate vuelven a girar en torno a hechos violentos: feminicidios (solo en enero asesinaron a 12 mujeres), violencia en contra de la mujer (sufren violencia 7 de cada diez mujeres en la capital), y desapariciones (entre 2020 y 2021 se reportaron 1,539 personas desaparecidas; o en su defecto cuestiones asociadas con el crimen como: el caso del penal de San Miguel o la balacera a plena luz del día en la zona norte del municipio de Puebla.

Si estos temas vuelven a ocupar las primeras planas y se transforman una vez más en el centro de atención es porque nunca se fueron y porque en veinticuatro meses que hemos sobrellevado la pandemia las autoridades no trabajaron lo suficiente para reducir los niveles de inseguridad y violencia, además al parecer nunca tuvieron un plan el cual implementar cuando la pandemia se redujera y muchas personas se enfrentaran a la perdida de sus empleos o a las deudas económicas que contrajeron para poder sobrellevar el confinamiento.

Despertamos de la pandemia y la violencia seguía aquí porque las cosas no cambiaron, al contrario, todo sigue igual, el asesinato de mujeres está a la orden del día, los reportes de personas desaparecidas siguen al alza, la delincuencia sigue siendo amo y señor de las calles, mientras que la ciudadanía trata de no ser presa de este tipo de circunstancias. Lo inexplicable es que las autoridades hacen caso omiso ante estos hechos y por el contrario muestran una falta de sensibilidad al querer hacernos creer que todo esta bien, que los índices delictivos van a la baja o que los desaparecidos son personas que se ausentan por su propia voluntad o “se van con el novio”.

El gobierno como administrador del estado tiene la responsabilidad de brindar seguridad no de cuestionar desde su moral si es bueno o malo lo que hacen las personas, cuando hay un delito y se denuncia se debe investigar, porque como representantes del pueblo deben servir para proteger y priorizar a la ciudadanía. Lo más alarmante es que posiblemente la tendencia del crimen y la inseguridad en el estado seguirá incrementando, por lo que si las autoridades no están a la altura de las problemáticas los únicos perjudicados seremos las y los ciudadanos.