Los altos mandos de MORENA presuponían que en agosto próximo estaría lista la Reforma Electoral, una de las tres reformas constitucionales previstas para la segunda parte del gobierno lópezobradorista. 

El entusiasmo del Presidente y de sus dos redactores de dicha reforma (Pablo Gómez y Horacio Duarte) rebotaba ante los engrandecidos miembros de la oposición (PAN, PRI y PRD), que advirtieron desde un inicio, no pasará. 

Con todo y ello la efervescencia del partido en el poder era grande y consideraban que conseguirían el número extra de diputados, para consolidar el proyecto del Ejecutivo federal. 

Y es que ya se considera “normal” que cada nuevo gobierno proponga cambios en la legislación electoral, por lo que de aquella LOPPE de los años setenta a la ley vigente hay un gran tramo de diferencia. 

No conforme con los muchos cambios que se han hecho, la que se pretende trae un gran número de modificaciones, desde la desaparición del Instituto Nacional Electoral que se convertiría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 

El nombre es lo de menos, ya que los organizadores de los comicios han pasado de ser la Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral y ahora se pretende un nuevo nombre.  

Pero con el arribo del nuevo nombre también se daría la desaparición las OPLES y los Tribunales Electorales locales, para que todo se concentrara en los organismos nacionales. 

La reducción del número de diputados y senadores se produciría, en la eventualidad de que fuese aprobada dicha reforma, dejando en 300 los diputados y 96 senadores, los que serían seleccionados de acuerdo al número de votantes de cada partido y no con base en el voto directo. 

Al igual que la reducción de la cifra de legisladores de produciría también la de consejeros, que quedaría en un número de siete, en total. 

Aquí cabe destacar se propondría la elección popular de consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Otra disminución vendría en lo concerniente a las regidurías municipales, las que tenderían a disminuir. 

La idea es de conjuntar en una sola ley electoral nacional, todo los correspondientes a comicios, sin importar si estos son federales, estatales o locales. 

De la misma forma se disminuirían los tiempos en radio y tv para los partidos, para terminar con esa inacabable verborrea de anuncios en tropel que se dan cada fecha de elecciones. 

Según las cuentas alegres de MORENA, con estas modificaciones se lograrían ahorros cercanos a los 24 mil millones de pesos. 

A propuesta que se anunció con gran júbilo y que, supuestamente, se discutiría en un período extraordinario del Congreso de la Unión, parece dormir un letargo y los redactores de la misma (Gómez y Duarte) concentrados en las tareas propias de sus encargos públicos no la han terminado. 

Sin embargo, desde un inicio, la alianza opositora la rechazó y aunque panistas y priistas se encuentran elaborando la propia, donde rechazan la mayoría de las propuestas de MORENA, se duda que pueda estar lista para discutirla en el siguiente período ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre. 

La Reforma Electoral parece estar destinada al fracaso, ya que se considera que tampoco la de panistas y priistas sería aprobada, pues por ser constitucional se requiere de las dos terceras partes de diputados y senadores para su aprobación. 

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Interesantes los conceptos de la dirigencia nacional priista vertidos en la explanada del Senado de la República, hasta donde acudieron Alejandro Moreno, presidente del partido; Rubén Moreira, coordinación de la diputación tricolor y otros diputados y senadores. Los priistas presentarán denuncias en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard por su constante presencia en eventos de los candidatos de MORENA a los gobiernos estatales en disputa el primer domingo de junio… Mal le está yendo a Laura Fernández, candidata del PAN y PRD al gobierno de Quintana Roo, ya que fue denunciada por otorgar dos contratos por 20 años a su esposo, Carlos Alberto Moyano, durante su estancia como alcaldesa de Puerto Morelos. Los contratos superan los ochocientos millones de pesos. 

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