Iguala es un municipio de la región norte del estado de Guerrero, en México, testigo de uno de los sucesos más lastimosos para el país. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar huella, pero si una dolorosa herida en la sociedad, aún abierta.

A 8 años de este lamentable suceso, que a la postre se convertiría en uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos en nuestro país, es momento de poner a las víctimas en el centro de los esfuerzos, de esclarecer las actuaciones, de terminar con la impunidad, de develar la verdad.

La desaparición forzada de personas es un problema mundial que representa una grave violación a los derechos humanos, pues, además de violentar a las víctimas, y a sus familias, esta problemática genera un sentimiento de inseguridad que alcanza a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. En diversos pronunciamientos, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres ha manifestado su preocupación por la cultura de la impunidad en esta práctica, pues, además de agravar el sufrimiento y la angustia de las familias, se considera que la impunidad podría vincularse con el aumento en la probabilidad de que se produzca un mayor número de casos. Por lo que, instó a avanzar hacia la rendición de cuentas y garantizar el derecho de las familias y las sociedades para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

En el caso concreto de nuestro país, de acuerdo con el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en México, con un porcentaje superior al 98%. Los casos en dicho periodo habían reflejado una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas, y podrían estar estrechamente relacionados con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”. En este punto, se considera pertinente recordar que, hasta el 31 de mayo de 2022, se tenía un registro de 100 mil 447 personas desaparecidas en nuestro país, más del 83.7% de los casos se habían asentado entre 2006 y 2022.

El caso Ayotzinapa, como los miles otros de desaparición forzada, requieren transparencia y acceso a la información para conocer la verdad, es un derecho de las víctimas y sus familiares; buscar, recibir y difundir información para conocer las circunstancias y el paradero de las personas desaparecidas es un derecho que no debe limitarse.

Por ello, desde 2014, la sociedad ha realizado mil 508 solicitudes de información a autoridades como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa Nacional, entre otras. Asimismo, en el INAI hemos resuelto 158 recursos de revisión solicitando a las autoridades la apertura de información para conocer las actuaciones, investigaciones y, sobre, todo, la verdad del caso.

Esa lastimosa problemática no puede arraigarse como un modelo continuo de impunidad, no por las víctimas, sus familiares, su comunidad y la sociedad en su conjunto, pues si bien, no se puede remediar el dolor de la ausencia debemos brindar las condiciones necesarias para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y de no repetición.

Blanca Lilia Ibarra

Comisionada Presidenta del INAI