Además de mí compromiso de impulsar leyes que buscan fortalecer los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes del país, también tengo la responsabilidad de legislar en favor de todos los sectores de nuestra patria.

Una iniciativa que será abordada en los próximos días en el Congreso de la Unión y que será un pilar para la autosuficiencia energética, es la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la industria minera, con el objetivo de frenar el saqueo y los graves daños medioambientales que ha generado esta actividad.

La enmienda, recuperará la rectoría de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo mexicano para evitar su sobre explotación.

En concreto, disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones, lo cual disminuirá la especulación de particulares con los recursos de la Nación.

Se tratan de modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales y la actual Ley Minera.

La iniciativa busca garantizar los derechos humanos a la salud, al agua, a un ambiente sano, limpio y sostenible; y evitar la contaminación de los recursos naturales.

Se pondrá un alto a la devastación de los recursos naturales, sin deshabilitar a un sector de la economía nacional, el cual se volverá sustentable.

También la iniciativa planteada por el presidente de la República, reconoce la obligación del Estado de consultar a los pueblos, así como los derechos consagrados en normas internacionales en esta materia.

La finalidad no es perjudicar la inversión del sector, sino de hacer lo justo en favor de la gente y del desarrollo económico del país.

Mediante la ley se sustentará la protección de mantos acuíferos, así como del mayor yacimiento de litio en el país, lo que coadyuvará a la soberanía nacional en materia energética.

Asimismo, se limitarán los tiempos de funcionamiento de las mieras, que siguen trabajando a pesar de los continuos señalamientos de afectación al medio ambiente.

En esencia se elevan las obligaciones de las empresas y acota sus beneficios, pues plantea que se concursen las concesiones mineras y que se reduzca su duración, así como nuevas medidas para responsabilizar a los concesionarios en términos del cuidado ambiental y de los derechos laborales.

Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de transformar la regulación del actual sistema minero construido por gobiernos neoliberales, que han conducido al deterioro del medio ambiente y la fragmentación del tejido social.

Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados