¿Suspender elecciones?

No es cosa nueva la suspensión de elecciones o la no instalación de casillas en regiones del país. El fenómeno se repite con alguna frecuencia, especialmente en poblaciones con alta concentración indígena.

Tan no es cosa que asombre que Pantelhó en Chiapas ya anunció que no habrá comicios en su localidad y que ya cuentan con autoridades elegidas por ellos mismos, sin necesidad de ser reguladas por los organismos electorales.

La población determinó elegir un consejo municipal regido por los usos y costumbres, tal y como lo hicieron desde 2021 cuando expulsaron al alcalde de ese entonces, perteneciente al PRD.

En Chiapas se ha hecho costumbre que en poblaciones indígenas se proceda de esa manera, tal como sucedió en 2021 cuando los habitantes de Honduras de la Sierra, Oxchuc, Siltepec y Venustiano Carranza, se opusieron a la instalación de casillas.

En Oaxaca un gran número de los 570 municipios (más de 300) son electos en lo correspondiente a autoridades municipales por el principio de usos y costumbres, así como en algunas otras entidades del país.

Tan solo en 2021 cerca de 300 casillas no pudieron colocarse en el territorio nacional, principalmente, en los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Sin embargo, en estos tiempos en que la violencia y la inseguridad se hacen patentes en diversos estados del país, el tema podría retomarse.

Y es que, en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y Veracruz, principalmente, la violencia es manifiesta y se recrudece constantemente, después de dejar manifestaciones grandes de amagos a las poblaciones que allí se concentran.

La violencia puede llevar a una suspensión de los comicios en esas zonas, donde se tiene el amago de los delincuentes de presionar el voto en favor de los candidatos que ellos elijan.

La prueba de ello son el número de candidatos que desisten de participar en la elección y regresan a sus actividades normales, alejados de la política, varios de esos casos se conocen y otros más quedan en el anonimato.

Pero no son solamente los amagos y amenazas, sino también una creciente violencia que lleva a varias decenas de muertos y heridos, como una vía de freno a su participación.

Apenas el fin de semana conocimos el caso de la diputada federal Adela Ramos Juárez, quien abandonó las filas de MORENA y pretendía competir por el gobierno chiapaneco, con la camisa de la alianza opositora, cosa que no se concretó, luego de la agresión física en contra de la legisladora, la que optó por hacerse a un lado.

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La disputa entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, toma caminos que no gustan al gobierno federal. El empresario anunció en sus redes sociales que le fue concedida por el Poder Judicial una suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de golf de Bahía de Tangolunda, lo que levanta la clausura determinada por las autoridades ambientales. Asimismo, el empresario anunció haber instalado un sitio de internet para contar toda la verdad sobre el litigio que tiene con el gobierno federal sobre el pago de impuestos y aclara que si paga impuestos y “pagamos muchísimo” y establece que con mentiras y calumnias el gobierno pretende usar los asuntos fiscales como distractor de los problemas verdaderamente relevantes del país…Ya no causa asombro la violencia que sacude al país y ahora tocó el turno a Chiapas, donde un enfrentamiento armado dejó saldo de dos muertos y varios vehículos incendiados en la carretera Tuxtla-Coita que da salida a otros estados del país…Campeche una entidad sumamente tranquila se encuentra hoy en el epicentro de la información. Por un lado las manifestaciones que exigen la renuncia de la secretaria de Seguridad estatal, luego de que enviara a mujeres policías a controlar un motín, sin el equipo necesario para ello y fueron toqueteadas  y la expanden hacia la de la gobernadora Layda Sansores y por otro la negativa de las autoridades electorales de registrar al candidato de MC al Senado de la República Eliseo Fernández Montúfar) por cuestiones de género. Layda no se esperaba esa respuesta de los habitantes de Campeche, los que se quejan que ya están hartos de sus desfiguros.

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