Solo 15 de los 217 municipios poblanos libraron observaciones por daño patrimonial en 2023. Huejotzingo encabeza la lista de irregularidades, seguido de San Andrés Cholula, Coronango, Chignahuapan y Zautla
Puebla enfrenta una seria crisis de transparencia y rendición de cuentas. El más reciente informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) revela que en 2023 un total de 202 municipios fueron señalados por presunto daño patrimonial, una cifra alarmante en comparación con los 146 del año anterior. Esta tendencia al alza sugiere un debilitamiento preocupante en los mecanismos de control financiero a nivel municipal. Más grave aún es que apenas 15 municipios lograron un manejo limpio de sus recursos públicos, muy lejos de los 71 que lo consiguieron en 2022. Este desplome en las buenas prácticas gubernamentales pone en evidencia una falta de voluntad institucional para garantizar el buen uso del erario. El caso más delicado es el de Huejotzingo, que acumuló 114 observaciones, equivalentes a un presunto daño por 37 millones 182 mil 519 pesos. Bajo la administración de Angélica Patricia Alvarado Juárez, hoy diputada local, se detectaron irregularidades que van desde gastos excesivos en equipo de oficina hasta inconsistencias administrativas. Su ascenso a una curul legislativa, pese a estos señalamientos, genera dudas legítimas sobre la existencia de consecuencias reales para quienes manejan mal el dinero público. Huejotzingo no es el único municipio con cifras preocupantes. Le siguen:
Estos números muestran un patrón generalizado de mala administración y posibles actos de corrupción que no pueden ni deben pasar desapercibidos. No se trata de fallas técnicas ni de errores contables menores. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales. La falta de transparencia, el uso ineficiente de los recursos y la nula rendición de cuentas alimentan un sistema que normaliza el desfalco y castiga al ciudadano con servicios deficientes. La situación exige una respuesta firme: desde fortalecer las capacidades de fiscalización de la ASE, hasta ejercer una presión social y mediática que impida que estas irregularidades queden impunes. Puebla no puede permitirse seguir ignorando los signos de desgaste institucional que, poco a poco, erosionan su democracia. |
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