Muchas personas se cuestionan seriamente si deben participar o abstenerse; si deben votar o no votar; si van a legitimar o deben deslegitimar el proceso
El domingo primero de junio, se elegirán diversos cargos para el poder judicial de la federación y en algunos estados, para poderes judiciales locales. El desconocimiento de los ciudadanos sobre la fecha de la elección no es comparable con la desinformación que existe en torno al porqué de una reforma que modificó la forma de elegir a sus integrantes; cómo llegaron a ser candidatos las y los que se postulan; cuál es la forma en la que se deberá votar; quienes contarán esos votos que se emitirán; como conoceremos los resultados y, por ende, quienes serán los nuevos integrantes responsables de impartir justicia en México. Al margen de todo esto, me centro en el dilema que existe. Muchas personas se cuestionan seriamente si deben participar o abstenerse; si deben votar o no votar; si van a legitimar o deben deslegitimar el proceso. Sobre el tema, hace unos días estuvo en Puebla el exsenador de la República, Roberto Gil Zuarth, quien, además, intentó participar en el proceso como candidato a ministro de la Suprema Corte. En su documentada y profunda conferencia, afirmó que la batalla que se deberá dar el primer domingo de junio se debe dar por convicción democrática y para exhibir lo que seguramente va a suceder: acarreo, compra de votos, participación de funcionarios públicos y total incertidumbre en el proceso electoral. Además, fue muy claro en señalar que para llegar a donde estamos, ya tenemos 5 batallas perdidas. Primero, la batalla política. Porque el 5 de febrero del 2024, cuando el presidente López Obrador anunció el “Plan C”, la mayoría de los actores políticos desdeñó dicha propuesta porque en ese momento, el partido del gobierno y sus aliados, no contaban con la mayoría necesaria para modificar la constitución. Segundo, la batalla de la sobre representación. Porque algunas y algunos de las y los integrantes del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le fallaron a la democracia, aún y cuando fueron electos en procesos democráticos, derivados de la propia democracia que juraron defender y promover. Tercero, la batalla parlamentaria. A pesar de que el INE y el tribunal le asignaron un mayor número de legisladores al partido gobernante y sus aliados, en el senado de la república les faltaban tres votos para poder consumar la modificación constitucional, una vez que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados. Pero lo más triste y doloroso para la democracia, es que fueron tres senadores postulados por la oposición, dos del PRD y uno del PAN, quienes hicieron posible que el “Plan C” se consumara. Cuarta, la batalla por la legalidad y la justicia. Después de ser aprobada la reforma constitucional, se discutieron diversas maneras para tratar de frenarla y se presentaron diversas acciones de inconstitucionalidad, hasta que al final, el pleno de la Corte discutió la viabilidad de impugnar reformas a la constitución, pero a pesar de los sólidos argumentos para declararla inconstitucional, al no obtener la mayoría necesaria en el pleno de la corte, se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad. Solamente un voto fue la diferencia. Quinta, la batalla sobre la definición de la oposición sobre su actuación en torno al proceso electoral. Faltan casi dos semanas para la elección y aunque los partidos políticos no participarán en el proceso electoral, no se ha perfilado una definición clara, ni de los dirigentes de los partidos políticos, ni de los legisladores de oposición y ni de la oposición en su conjunto, sobre el dilema planteado al principio. Roberto Gil puso la provocación para debatir sobre el dilema ético, haciendo el planteamiento de que por sí mismo es complejo; de que es inevitable tratarlo para poder tomar una decisión y que, de cualquier manera, traerá consecuencias negativas o positivas para la mayoría de los mexicanos. El exsenador terminó afirmando que sí hay opciones en las listas de candidatos postulados; que sí hay la posibilidad de participar y dar sorpresas; y que se tiene que decidir lo que se va a hacer, pero ya. Y que en caso de que la decisión sea no participar, que esa abstención se escuche como una protesta activa y no como un silencio cómplice. Por mi parte, creo que es un imperativo responder al llamado, informarnos sobre la ubicación de las casillas, dado que se instalarán muchas menos que en el proceso electoral federal; enterarnos que número tienen cada uno de las y los candidatos; cómo son las boletas electorales y por quienes se debe votar; y el día de la elección, documentar lo que vaya a suceder, para generar testimonios escritos, fotográficos, en videos y en redes sociales. Si hay tiro finalizó Roberto Gil al afirmar que el 70% de los candidatos insaculados por los tres comités (Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial) son trabajadores del Poder Judicial.
Así que a votar el domingo 01 de junio. Esa participación es para defender la democracia.
Vale la pena.
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