Tómelo con Calma

Desde inicios del año (2003), las autoridades han insistido en la imposición de un gravamen a los refrescos y bebidas azucaradas, con el propósito de disponer de recursos para atender problemas de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y otros padecimientos. Sin embargo, por varios años las autoridades y los legisladores carecieron de sustento científico para apoyar sus señalamientos.

En 2016, el Gobierno de Enrique Peña Nieto logró por fin la aplicación del IEPS, no solo para refrescos y bebidas endulzadas, sino para panes y botanas con contenido calórico y de azúcares. Siempre bajo el sustento de que los recursos se canalizarían al sector salud para atender diabetes y enfermedades vasculares, lo que por más de una década no ha sucedido.

En la miscelánea fiscal 2026, una vez más las autoridades arremetieron contra las bebidas azucaradas; sin embargo, en esta ocasión, el cabildeo y operación de los refresqueros funcionaron, derivando en una serie de acuerdos que conllevan reducir las calorías a los refrescos. Autoridades, legisladores y la industria refresquera se comprometieron a realizar ajustes a la Ley de Ingresos vía el IEPS, para reducir el impuesto de 3 pesos a 1.5 por litro de bebida azucarada. A cambio, la industria reducirá 30 por ciento de calorías en los refrescos de manera escalonada, comenzando por las presentaciones más grandes.

En 2014, al postular mi Maestría en la Universidad Panamericana, presenté el caso de la aplicación del IEPS a refrescos y bebidas endulzadas. La aplicación de gravámenes a estas bebidas en distintos países no ha disminuido el consumo; lo prohibido siempre genera inquietud e incentiva el consumo, por lo que esta medida poco ayuda, si en efecto se pudiera acreditar alguna afectación por el consumo de refrescos. Una vez más, existe el compromiso de canalizar los ingresos al sector salud, lo que no está etiquetado en el presupuesto hasta el momento.

Tómelo con interés.– La Secretaría de Energía prepara la convocatoria para atender las solicitudes de permiso de centrales eléctricas, que se desarrollarán con base en plantación vinculante.

Se trata de 34 proyectos con capacidad de 5,970 megawatts, que estarán ubicados en 20 entidades federativas, entre las que destacan Yucatán y Campeche.

Del total de proyectos, 23 son fotovoltaicos y 11 eólicos, los que entrarán en operación entre 2027 y 2030. Los particulares interesados en participar deberán presentar su manifestación de interés en la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos. Sin duda, esta medida marca un buen comienzo para ordenar el proceso de atención prioritaria de los proyectos propuestos por la iniciativa privada.

Tómelo con atención.– Samsung ha ratificado su compromiso de inversión y permanencia en la economía mexicana. Tras especulaciones que establecían que la tecnológica oriental desinvertiría en México, derivado de un procedimiento fiscal millonario por un doble cobro de IVA por importaciones temporales.

Esta noticia es una muestra de confianza hacia la economía y las autoridades mexicanas, y envía una buena señal a otros inversionistas en el sector de las tecnologías.