Martes 11 de Noviembre de 2025 |
El nombramiento de Pedro Antonio Hernández Martínez como Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla ha detonado un escándalo que sacude los cimientos del Poder Judicial. Su designación, realizada el pasado 5 de agosto de 2025, se encuentra envuelta en una seria controversia que pone en duda la legalidad del proceso y la legitimidad de sus actos. Las irregularidades son evidentes desde el origen. La sesión del Pleno en la que se tomó protesta fue convocada con apenas 15 horas de anticipación, una clara violación al procedimiento que exige un mínimo de 48 horas. Pero lo más grave es la presunta falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales: Hernández Martínez, con apenas 28 años de edad, no cumpliría con los 35 años mínimos ni con los 10 años de antigüedad profesional que exige la ley y el transitorio vigente para ocupar el cargo. Aun así, el nombramiento fue respaldado públicamente. En aquella sesión, el magistrado Pepe Montiel intentó justificar lo que muchos consideran una ilegalidad, gesto que desató críticas por el aparente doblegamiento institucional frente a una designación sin fundamento jurídico sólido. El fondo del problema va más allá de una irregularidad administrativa. Asumir un cargo sin cumplir los requisitos que marca la Constitución podría encuadrar en el Ejercicio Indebido de Funciones Públicas, una figura penal que pone en entredicho no solo la actuación del funcionario, sino también la de quienes lo respaldaron. A ello se suman versiones inquietantes sobre el uso del poder dentro del Consejo de la Judicatura. Jueces y magistrados habrían denunciado presiones y coacciones para influir en resoluciones judiciales, especialmente en expedientes de alto valor económico. Entre ellos destaca el caso 188/2020 del Juzgado Octavo Mercantil, con montos superiores a 19 millones de pesos, donde se señala que se habría detenido un pago a fin de lograr un supuesto “arreglo económico”. De confirmarse estas versiones, estaríamos frente a una crisis grave de legitimidad en el Poder Judicial poblano. La ciudadanía no puede permanecer indiferente ante hechos que amenazan la credibilidad de una institución llamada a garantizar el equilibrio y la justicia. La pregunta es inevitable: ¿quién protege a la ley cuando quienes deben aplicarla la tuercen? Puebla merece un Consejo de la Judicatura transparente, profesional y éticamente intachable. Y si existe duda sobre la legalidad en su integración, la investigación no solo es necesaria, es urgente. |
