Vamos muy bien

Entre las mentiras y contradicciones que se acumulan día a día; la incertidumbre que prevalece en el país; la inseguridad; la aterradora naturalización de las diversas violencias, entre otras tantas cosas más que suceden en México, ha pasado desapercibida la aprobación en la Ley General de Salud de una reforma que elimina el 8% de recursos públicos para enfermedades graves, el 2% para infraestructura y el 1% para el abasto de medicamentos y estudios, reservados obligadamente para la atención de enfermedades catastróficas y destinados al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Fue aprobada en diciembre y entró en vigor el pasado 16 de enero.

Este Fondo, creado en la estructura del extinto Seguro Popular, era el instrumento financiero que garantizaba el pago de tratamientos de muy alto costo para los pacientes más vulnerables, que han quedado en la desprotección.

Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2025 (PEF2025) se conocieron severos recortes al gasto público del sector salud, contrarios a los incrementos consecutivos que año con año se venían dando; incluso expertos lo consideraron como el peor de los recortes de recursos públicos que haya tenido el presupuesto para la salud pública hasta entonces. Nuevamente, para este año, el PEF2026 del sector salud tuvo un importante recorte presupuestal.

Al modificarse el artículo 77Bis 17 de la Ley General de Salud, que trata sobre el destino de los recursos que acumule el FONSABI, se abre la posibilidad de un uso discrecional del dinero al quitar los porcentajes fijos que obligadamente eran destinados para atender enfermedades catastróficas: cáncer, VIH/SIDA, trasplantes, cuidados intensivos neonatales, que deberían ser intocables para la salud de las personas que más lo necesitan.

Un desmantelamiento financiero más, como el del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), destinado a emergencias y desastres naturales, que fue extinguido en 2020 en plena pandemia del COVID por el expresidente López Obrador, junto con otros 109 Fondos y Fideicomisos, trasladando sus recursos para su manejo a la Secretaría de Hacienda; como ahora que se señala que los recursos de este Fondo para enfermedades catastróficas se transferirán para su manejo a la Tesorería de la Federación, seguramente como todos los demás que se han extinguido, será usado el dinero para “otras prioridades” del gobierno actual.

Llama la atención, por esto, la preocupación de la jefa del gobierno cuando el presidente Trump anuncia la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba (Orden Ejecutiva 29/01/2026), al señalar que:

“la aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis de gran alcance -para Cuba- afectando hospitales, alimentación, situación que debe evitarse…”

Sería entonces oportuno reflexionar también sobre si la aplicación de todo este desmantelamiento financiero que viene aplicando al sector salud mexicano desde 2020 —recortes en su presupuesto, eliminación del candado que garantizaba recursos destinados a la atención de enfermedades graves de la población sin seguridad social, etc.— ha desencadenado esa crisis de gran alcance que está afectando a hospitales y a todo el sistema de salud en México, y que, por supuesto, es una situación que debe evitarse, tanto como también en Cuba.

Por más que se quiera ocultar que no pasa nada, entre la dimensión que han alcanzado las mentiras y contradicciones que escuchamos, la realidad se impone, aun cuando sea recurrente oír que vamos muy bien.