Lunes 23 de Febrero de 2026 |
Los hechos recientes de violencia han reactivado una preocupación legítima en la ciudadanía. Cada evento de alto impacto altera la conversación pública y suele polarizarla entre dos posturas: quienes afirman que “los datos dicen otra cosa” y quienes sostienen que “la realidad es evidente”. Sin embargo, la seguridad pública no puede comprenderse desde extremos. Exige reconocer que los datos y la percepción ciudadana son dimensiones distintas, pero igualmente relevantes para entender lo que vive una comunidad. La percepción de inseguridad no es una exageración ni una construcción emocional aislada. Es la forma en que las personas experimentan su entorno cotidiano: caminar por la calle, trasladarse, convivir, habitar espacios públicos. Cuando ocurre un hecho violento, el impacto trasciende a las víctimas directas y modifica la sensación colectiva de protección. Esa experiencia social es real y merece ser atendida con seriedad, porque influye en la confianza ciudadana y en la manera en que se vive la ciudad. Al mismo tiempo, los datos cumplen una función indispensable. Permiten medir fenómenos, identificar tendencias, evaluar políticas y corregir estrategias cuando es necesario. Sin información sistemática, cualquier discusión sobre seguridad se reduce a impresiones aisladas. Pero ningún indicador sustituye el dolor de las familias ni la vivencia cotidiana de quienes enfrentan la violencia. Las cifras son herramientas para decidir mejor, no para desestimar lo que la sociedad siente. La tensión entre seguridad medida y seguridad percibida no debe entenderse como una contradicción, sino como un punto de integración. Una política pública madura reconoce que la tranquilidad no se construye únicamente reduciendo indicadores, sino fortaleciendo la confianza institucional, la presencia territorial y la cercanía con la ciudadanía. La seguridad efectiva combina evaluación técnica con sensibilidad social. En este contexto, resulta fundamental explicar el papel de los municipios. Con frecuencia se espera que el gobierno local resuelva de manera integral fenómenos que, por diseño institucional, corresponden a otras instancias. El municipio no investiga delitos ni determina responsabilidades penales. Su ámbito de acción se concentra en la prevención, la proximidad policial, la recuperación de espacios públicos y el trabajo comunitario. Lejos de ser tareas secundarias, estas funciones constituyen el núcleo de una seguridad duradera. La prevención territorial —mejor iluminación, diseño urbano adecuado, presencia institucional— reduce oportunidades delictivas. La policía de proximidad fortalece vínculos de confianza. La organización vecinal genera redes de cuidado. Todo ello impacta directamente en la percepción cotidiana de tranquilidad, que es el termómetro más cercano de la seguridad vivida. Hablar de seguridad no debería limitarse a reaccionar ante crisis ni a disputar cifras. El verdadero desafío es comprender cómo se construye la convivencia social. Cada hecho violento nos recuerda que la protección de la vida exige coordinación entre órdenes de gobierno, decisiones basadas en evidencia y una ciudadanía informada y participativa. En una ciudad como Puebla, marcada por su dinamismo urbano y diversidad social, la seguridad no puede abordarse como un evento aislado ni como una narrativa simplificada. Es un proceso continuo que integra prevención, respuesta institucional y reconstrucción de confianza. Los datos orientan decisiones. La percepción orienta prioridades. Integrar ambas dimensiones no solo fortalece la política pública, sino también el vínculo entre instituciones y ciudadanía. Y en materia de seguridad, esa confianza es tan importante como cualquier indicador. Porque, al final, el objetivo no es ganar una discusión estadística, sino construir tranquilidad real en la vida cotidiana. |
