Viernes 27 de Febrero de 2026 |
Estimado lector: espero que se encuentre lo mejor posible. Las horas que siguieron al domingo 22 de febrero fueron de extrema tensión y zozobra para miles de personas, especialmente en Jalisco y estados vecinos, que vivieron una ola de violencia que recordó episodios emblemáticos de nuestra historia reciente. Esa jornada, el gobierno anunció que fuerzas federales abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho, en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Antes de avanzar, conviene que nos detengamos un momento en lo evidente: el caos armado no fue un accidente aislado ni un mero titular sensacionalista. Los bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos, suspensión de servicios y decenas de muertes registrados en más de 20 estados tras la caída del capo demuestran que estamos ante una crisis de violencia con raíces más profundas de lo que muchos suponen. Si algo nos enseña este episodio es que el crimen organizado no es simplemente una cuestión de personas que “se dedican al delito”. Es un fenómeno que tiene estructuras, lógicas económicas, redes sociales y ramificaciones políticas que no surgieron de la nada. Decir lo contrario es como pensar que un huracán se forma porque a unos cuantos se les ocurrió soplar fuerte. Para entender esto, hay que empezar por lo básico: el crimen organizado es, en esencia, un negocio. Y no un negocio cualquiera, sino uno que explota mercados prohibidos —como la producción y distribución de narcóticos— en donde la ilegalidad no es un accidente, sino una ventaja competitiva. La demanda de drogas en Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales motores de este mercado, un mecanismo que produce ganancias extraordinarias cuando la oferta es escasa y el riesgo —teóricamente— alto. Desde el punto de vista social, muchas comunidades marginadas vieron en estas actividades una salida económica cuando las oportunidades formales escaseaban. La desigualdad estructural no crea criminales, pero sí puede construir segmentos sociales dispuestos a entrar a economías ilegales porque no ven otra puerta de salida. Y luego está la política. Aquí hay que ser francos: la interacción entre crimen organizado y estructuras de poder político no es una hipótesis conspirativa de telenovela, sino una realidad documentada en múltiples investigaciones. Personajes de diversos contextos han tenido, directa o indirectamente, nexos, complicidades o tolerancias que permiten que estos grupos prosperen o se reconfiguren. Y cuando un líder de gran peso como El Mencho cae, la violencia que surge no es un mero berrinche: es una reacción a la fractura de un equilibrio criminal que impacta rutas, pactos y estructuras de poder informal. Ahora bien: ¿de dónde procede esa sofisticación operativa, armamentística y organizativa? Aquí entra la parte delicada: no todo lo que ocurre en México se entiende sin mirar el entramado transnacional. El flujo de armas hacia nuestro país, parte del que se vende legalmente en mercados extranjeros —especialmente el estadounidense— juega un papel central en la capacidad de fuego de estos grupos. Las armas no “aparecen por generación espontánea”: cruzan fronteras y encuentran manos dispuestas a usarlas cuando el negocio lo exige. Es tentador, y políticamente rentable, pensar que detrás de todo hay un solo villano extranjero con traje y sombrero, moviendo hilos desde la distancia. Pero la realidad suele ser más compleja: las relaciones entre Estados Unidos y México en materia de seguridad combinan cooperación, presión, interés político y un fuerte componente geoestratégico que influye en cómo se construyen las narrativas y cómo se responden estas crisis. Así que no, estimado lector, no crea que la violencia que vimos fue el producto de “malos que nacen así” o una fatalidad cultural. La violencia organizada en México tiene raíces económicas, sociales y geopolíticas, y su persistencia no se resolverá con titulares ni con operativos aislados. El abatimiento de El Mencho, como muchos ya han señalado, puede convertirse en un punto de inflexión —para bien o para mal— en la estrategia de seguridad nacional. Pero también puede ser solo la punta del iceberg de un conflicto más profundo que sigue sin resolverse de fondo: la forma en que se construyen mercados ilícitos globales, cómo se entrelazan con estructuras de poder y por qué, a pesar de enormes esfuerzos, siguen encontrando terreno fértil en nuestro país. En política, como siempre le he dicho, no todo es lo que parece. Un operativo exitoso o la caída de un capo puede ser interpretado como victoria, pero si no se abordan las causas estructurales de la violencia —económicas, sociales y transnacionales—, corremos el riesgo de repetir el ciclo una y otra vez. Le invito a preguntarse: ¿qué puede hacer la sociedad, el Estado y la comunidad internacional para ir más allá de los gestos simbólicos y enfrentar las raíces de este fenómeno? Mientras lo piensa, le deseo que nunca tenga que vivir de cerca lo que hoy sufren miles de familias en México. Nos seguimos leyendo. |