Las ciudades no se modernizan doblando las reglas que las organizan

En Puebla, el estado de derecho urbano está en peligro. La frase puede parecer exagerada, pero describe una situación concreta: la posibilidad de que las reglas que ordenan la ciudad se conviertan en un trámite posterior a decisiones ya tomadas.

Cuando la planeación urbana se invierte, cuando primero aparece el proyecto y después se intenta acomodar el marco legal, el sistema deja de funcionar como garantía colectiva y se transforma en un instrumento flexible al servicio del poder.

La Carta Urbana de Puebla no es un documento menor. Es la expresión cartográfica del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y, en términos prácticos, determina qué puede construirse, dónde puede construirse y bajo qué condiciones.

Su modificación no depende de la voluntad de una autoridad ni de la urgencia de una obra pública.

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¿Cuál es el procedimiento para modificar la Carta Urbana de un municipio?

La ley establece un procedimiento deliberadamente largo precisamente porque lo que se altera es la estructura territorial de la ciudad.

Ese procedimiento comienza con la elaboración técnica de un proyecto. La dependencia municipal competente debe justificar el cambio con estudios urbanos, análisis de movilidad, impacto territorial y compatibilidad normativa.

A partir de ahí, el Cabildo debe autorizar formalmente el inicio del proceso. Sin ese acuerdo no existe procedimiento legal.

Luego viene una etapa que suele incomodar a los gobiernos cuando los proyectos ya están políticamente comprometidos: la consulta pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer la propuesta, examinar sus implicaciones y presentar observaciones.

No es un gesto simbólico; forma parte del expediente jurídico que legitima la modificación.

Las observaciones recibidas se integran en una versión final que debe pasar por comisiones del Cabildo antes de llegar a votación del Ayuntamiento.

Solo entonces el documento se remite al gobierno del estado para verificar su congruencia con los instrumentos territoriales estatales.

El último paso es la publicación en el Periódico Oficial. Sin publicación no hay cambio válido.

Este procedimiento existe para evitar que la planeación urbana se convierta en una herramienta maleable. En teoría, protege a las ciudades de decisiones improvisadas o de proyectos que no han sido pensados dentro de la lógica territorial.

¿El gobierno estatal tiene facultades para modificar la Carta Urbana?

Aquí aparece el problema. El gobernador de un estado no puede modificar la Carta Urbana de un municipio.

La Constitución es clara: el desarrollo urbano y el uso de suelo son competencias municipales.

El gobierno estatal puede revisar la congruencia de los instrumentos urbanos o impulsar programas territoriales más amplios, pero no puede sustituir al Ayuntamiento ni imponer una modificación de zonificación por decreto.

En la práctica, cuando una obra se considera prioritaria desde el nivel estatal, las herramientas jurídicas se sustituyen por mecanismos más informales: presión política, presión institucional y presión económica sobre el municipio para que ajuste sus instrumentos de planeación.

La discusión sobre el Cablebús en Puebla parece moverse precisamente en ese terreno. El proyecto ha sido presentado como una apuesta de movilidad y modernización urbana.

Sin embargo, el propio Ayuntamiento ha reconocido que algunas de las estaciones requerirían modificar la Carta Urbana vigente.

La observación es significativa porque implica que el proyecto no nació dentro del marco territorial existente.

Karina Asunción Romero, una figura esencial para el proyecto del Cablebús

En ese punto aparece una figura que hasta hace poco estaba lejos del centro del debate público: Karina Asunción Romero Sainz, secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla.

Su área es la que administra los instrumentos urbanos de la ciudad.

Cualquier modificación de la Carta Urbana necesariamente pasa por su oficina. Esto coloca a la funcionaria en una posición incómoda.

El impulso político del proyecto no se origina en el municipio, pero la responsabilidad administrativa del procedimiento sí recae en él. Y dentro del municipio, en el área encargada de desarrollo urbano.

La historia administrativa mexicana está llena de episodios similares: decisiones concebidas en un nivel de gobierno que terminan formalizándose en otro.

Cuando el expediente se construye con rigor técnico, el proceso resiste cualquier revisión posterior. Cuando se acelera para acompañar una decisión previamente tomada, el riesgo se desplaza hacia quienes firman los documentos.

No es un riesgo abstracto. Las modificaciones irregulares de instrumentos urbanos pueden derivar en nulidades administrativas, responsabilidades administrativas e incluso procesos penales cuando se demuestra que los procedimientos legales fueron ignorados o simulados.

Por eso la presión sobre la autoridad municipal no es un detalle menor del conflicto. Es el punto donde la política debe transformarse en acto jurídico. Y ahí la ley exige algo que el poder rara vez tolera con paciencia: procedimiento.

El debate público ha intentado simplificar la discusión. De un lado, quienes apoyan el proyecto como símbolo de progreso. Del otro, quienes lo critican como una obra innecesaria.

La verdadera pregunta es otra.

¿El Cablebús podría ser una solución legítima si nace de estudios sólidos?

No es si la ciudad necesita soluciones de movilidad, que sin duda las necesita, sino si esas soluciones deben surgir de la planeación o si la planeación debe adaptarse a las obras.

Las ciudades que prosperan a largo plazo suelen seguir una lógica sencilla: primero se definen las reglas del territorio y luego se insertan los proyectos que las respetan.

Cuando ese orden se invierte, la ciudad empieza a acumular infraestructuras desconectadas entre sí, pensadas más para el momento político que para la vida cotidiana.

El Cablebús podría ser una solución legítima si nace de estudios sólidos, consultas públicas reales y deliberación institucional transparente. Pero si su viabilidad depende de modificar apresuradamente la Carta Urbana para hacerla encajar, la discusión deja de ser técnica.

En ese caso, el proyecto empieza a parecer menos una respuesta a la movilidad de la ciudad y más un gesto de poder. Un símbolo de modernidad construido desde la voluntad política antes que desde la lógica urbana.

Puebla merece algo mejor que eso. Las ciudades no se modernizan doblando las reglas que las organizan. Se modernizan respetándolas.