Una deuda pendiente en Puebla

Hablar de salud mental sigue siendo incómodo para muchos, ya que por mucho tiempo fue un tabú, resultando en la sociedad como un asunto privado; además, pedir ayuda se veía como debilidad.

Hoy sabemos que es exactamente lo contrario, porque ignorarlo tiene consecuencias cada vez más visibles. Las cifras del INEGI son alarmantes: entre 2020 y 2024 se registraron más de mil 600 suicidios en el estado de Puebla.

Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una señal clara de que algo no estamos haciendo bien como sociedad ni como gobierno.

Hoy el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años en Puebla, una señal inequívoca de que la salud mental dejó de ser un tema secundario para convertirse en un asunto de salud pública. Sin embargo, el presupuesto y la atención institucional siguen siendo insuficientes.

Si queremos enfrentar esta crisis, el debate debe salir del terreno de los discursos y entrar al de las decisiones presupuestales, ya que invertir en salud mental juvenil no significa únicamente construir hospitales. Significa destinar recursos a la prevención. La prevención es mucho más barata y más humana que reaccionar cuando ya es demasiado tarde.

La mayor cantidad de municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Tehuacán reflejan con claridad la urgencia de atender esta problemática. Se trata de ciudades con miles de jóvenes estudiantes y trabajadores que enfrentan presiones económicas, familiares y sociales cada vez mayores.

Sin embargo, el acceso a servicios especializados de salud mental sigue siendo limitado. Muchos jóvenes que necesitan apoyo psicológico terminan enfrentando sus crisis en silencio o dependiendo de servicios privados que no todos pueden pagar. Esto genera una brecha enorme entre quienes pueden recibir atención y quienes simplemente tienen que resistir solos.

Reconocer que un joven necesita apoyo emocional es un acto de responsabilidad colectiva. Si queremos que ese cambio cultural sea real, el Estado también debe asumir su parte. No basta con campañas simbólicas: se necesitan políticas públicas permanentes y presupuestos claros.

Porque cuando un gobierno invierte en la salud mental de sus jóvenes no está gastando recursos: está protegiendo el futuro de su sociedad.