Las normales y la UPN en Puebla, la punta del iceberg

El problema del cambio de directivos en las normales de Puebla y en las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) no puede reducirse solamente a la apelación de poseer la facultad legal por parte de las autoridades de la SEP para realizar dichos movimientos; en el fondo, hay un vacío normativo para regular la operación administrativa de estos centros de educación superior.

Voy a contextualizar mi argumentación: en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con su programa de “modernización educativa”, se implementó la descentralización de la educación básica y normal. En ese tiempo, Ernesto Zedillo Ponce de León era el secretario de Educación. En su comparecencia en la Cámara de Diputados, al presentar el documento sobre dicha descentralización, y ya de salida del recinto, un diputado le preguntó en qué situación quedaban las unidades de la UPN. Él respondió: “Entran en la descentralización”, decisión que con el tiempo perjudicó el modelo académico de la UPN.

Desde el decreto de creación de la UPN en 1978, se establecía un modelo académico basado en tres funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Para acceder a una plaza en esta universidad, se requería un concurso de oposición en dos etapas: un examen escrito sobre el campo de conocimiento correspondiente y una réplica oral ante un sínodo.

Con la descentralización, las autoridades de la SEP en Puebla respetaron inicialmente este modelo de ingreso. El último concurso de oposición se realizó en 2003. Dicho modelo establecía que el ingreso iniciaba en el nivel asociado A, seguido de B y C, hasta llegar a la titularidad, con posibilidad de avanzar hasta titular C. En teoría, se requerían 15 años de trabajo académico, además de publicaciones y grado de doctorado en campos de la teoría pedagógica.

En el periodo 1999–2005, los funcionarios de la SEP en Puebla respetaron los lineamientos académicos de la UPN, así como a los directivos nombrados por la rectoría central en la Unidad Ajusco de la Ciudad de México. Sin embargo, conscientes de su responsabilidad como autoridad, se integró una comisión mixta SEP-UPN para elaborar documentos normativos. Formé parte de dicha comisión como académico de la UPN Tehuacán.

Este documento recogía criterios para el desarrollo académico e institucional, y se valoró su publicación como acuerdo o su incorporación a la Ley de Educación del Estado. No obstante, los tiempos políticos impidieron su consolidación. Durante el sexenio 2005–2011, los nuevos funcionarios desconocieron tanto la comisión como los documentos elaborados.

Aunque la descentralización otorgaba facultades para operar recursos, se intentó replicar en la UPN las prácticas de las normales estatales, donde no existe un marco normativo sólido para ingreso, promoción y permanencia, sino que predominan acuerdos SEP-SNTE. En estos espacios, los ascensos suelen depender de relaciones políticas o sindicales.

En ese contexto, durante el periodo 2005–2011, se intentó imponer directivos en la UPN mediante criterios políticos. Como contrapeso, se estableció un mecanismo de terna de académicos, e incluso, en las unidades de Puebla y Teziutlán, se implementó la elección mediante voto secreto y universal. Esta práctica democrática fue eliminada en el sexenio 2011–2017, aunque se mantuvo el esquema de ternas con proyectos académicos.

Por ello, causó molestia en las comunidades normalista y de la UPN la imposición de directivos ajenos, sin que la SEP haya presentado un diagnóstico institucional ni una propuesta educativa integral para el actual sexenio. Estas decisiones fueron percibidas como un uso político de las instituciones educativas.

Como profesor de educación básica y de la UPN, hoy jubilado, observo una reproducción de prácticas del sexenio 2005–2011. Basta revisar el Plan Estatal de Desarrollo, donde la educación ocupa apenas una cuartilla con un discurso confuso.

En síntesis, los problemas organizativos, los vacíos normativos y un enfoque pedagógico que forma sujetos ahistóricos para un mercado laboral limitado son resultado de más de treinta años de políticas educativas neoliberales.