Plan B: menos privilegios, más democracia desde lo local

En los últimos días, el debate público se ha centrado en el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Como suele ocurrir cuando se tocan intereses históricos, las reacciones no se han hecho esperar: hay quienes intentan reducir la discusión a un tema técnico o, peor aún, descalificarla desde la comodidad de los privilegios.

Pero hay que decirlo con claridad: este no es un debate menor. Es, en el fondo, una discusión sobre el sentido ético del poder público.

El Plan B no es únicamente una reforma electoral. Es una propuesta de reordenamiento del gasto político y de recuperación del principio básico de toda democracia: que el poder y los recursos le pertenecen al pueblo, no a la clase política.

Durante años, el sistema permitió distorsiones evidentes. Congresos locales con el mismo número de integrantes, pero con diferencias abismales en su gasto; estructuras administrativas infladas; duplicidades institucionales; y, en muchos casos, cargos que respondían más a lógicas de distribución política que a necesidades reales de representación.

Frente a ese escenario, la propuesta es clara: poner orden donde hubo excesos.

Reducir el costo del sistema político no es un capricho, es una exigencia social. Establecer límites al gasto de los congresos locales, revisar el tamaño de los cabildos y eliminar duplicidades en las autoridades electorales son medidas que buscan algo elemental: hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

Pero el Plan B va más allá. También plantea fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato y las consultas populares, para que la democracia deje de ser exclusivamente representativa y avance hacia una lógica más participativa, donde la ciudadanía tenga un papel activo en la toma de decisiones.

Desde lo local, este debate adquiere una dimensión particularmente relevante. En municipios como Puebla, donde el Cabildo está integrado por 23 regidores conforme a la ley estatal, la discusión sobre el tamaño de los ayuntamientos ha generado opiniones encontradas.

Y es aquí donde vale la pena hacer una precisión fundamental: el problema no es únicamente cuántos somos, sino cómo ejercemos la responsabilidad pública.

Porque sí, es cierto que durante años se normalizó la idea de que ciertos espacios eran cuotas políticas. Pero también es cierto que hoy existe una nueva generación de servidoras y servidores públicos que entendemos el cargo como una responsabilidad, no como un privilegio.

Lo digo con convicción: no se trata de defender estructuras por inercia, sino de transformarlas con responsabilidad.

La austeridad no debe entenderse como debilitamiento institucional, sino como una oportunidad para fortalecer la legitimidad del servicio público. Cada peso que se ahorra en gasto innecesario puede traducirse en alumbrado público, en seguridad, en obra, en oportunidades para la gente. Ese es el verdadero sentido de la transformación.

Por eso, el debate que hoy se abre debe darse con seriedad, sin simplificaciones. Revisar el tamaño de los cabildos puede ser necesario, pero también lo es garantizar que la representación democrática no se debilite y que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos, poblacionales y de gobernabilidad.

México vive un momento histórico. La Cuarta Transformación ha puesto en el centro algo que durante décadas se dejó de lado: la dignidad del servicio público.

Hoy, el mensaje es claro: menos burocracia, más territorio; menos privilegios, más bienestar; menos simulación, más resultados.

Respaldar el Plan B es respaldar una visión de país donde la política deja de ser un espacio de beneficio personal para convertirse en una herramienta de transformación colectiva.

Y desde lo municipal, donde la política se vuelve cotidiana y tangible, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de ese momento histórico. Porque al final, la pregunta de fondo no es cuántos somos en el Cabildo. La pregunta es si estamos honrando la confianza de la ciudadanía. Y esa, sin duda, es la única medida que realmente importa.