Miércoles 08 de Abril de 2026 |
El nombre de Jenaro Villamil siempre estuvo ligado durante décadas a la crítica del poder mediático en México. Desde sus libros y reportajes, cuestionó la relación entre gobiernos y grandes corporaciones de comunicación, denunciando la propaganda disfrazada de información y la manipulación de audiencias. Con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, Villamil asumió la dirección del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un espacio que, en teoría, debía consolidar un modelo de comunicación pública distinto al del pasado. Sin embargo, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y aún en el de Claudia Sheinbaum, Villamil es parte, junto a Jesús Ramirez Cuevas de la estrategia de comunicación del gobierno, , particularmente en iniciativas como Infodemia, orientadas a responder y confrontar lo que el oficialismo considera desinformación. En las últimas semanas su figura ha vuelto a generar polémica. El ya famoso e innecesario escándalo de “las piernas en Palacio Nacional”, puso una vez más el ojo en el tono y contenido del medio “Infodemia”. Con justa razón, Villamil ha sido señalado por adoptar prácticas que recuerdan aquello que antes cuestionaba: el uso del aparato público para fijar narrativa, descalificar críticos y disputar la agenda mediática desde el poder. La discusión ya no gira solo en torno a su congruencia, sino al papel que hoy juega en el ecosistema informativo que alguna vez criticó. Ya he hablado de ello. Es innegable que todo gobierno tiene no solo la facultad, sino la responsabilidad de comunicar. En un entorno saturado de información y de mucha desinformación, resulta legítimo que desde el oficialismo se construyan mecanismos propios para aclarar datos, fijar posturas y responder a narrativas que consideren falsas o imprecisas. La comunicación gubernamental, bien entendida, puede ser una herramienta útil para fortalecer el debate público y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a versiones oficiales de los hechos. Tal es el caso de la llamada “Mañanera” un espacio inédito en México que se convirtió desde 2018 en un espacio fundamental de transparencia e información. Sin embargo, cuando estos esfuerzos se sostienen con recursos públicos, el estándar debe ser mucho más alto. No basta con comunicar: es indispensable hacerlo con total transparencia, claridad en los criterios editoriales y apertura al escrutinio. El uso de dinero público obliga a distinguir entre información y propaganda, entre aclaración y posicionamiento político. De lo contrario, el riesgo no es menor: que lo que se presenta como combate a la desinformación termina replicando las mismas prácticas que históricamente se han cuestionado. El proyecto Infodemia, impulsado desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano bajo la dirección de Villamil, no solo funciona como un instrumento de comunicación oficial, sino como una estructura que implica millones de pesos en gasto público. Se han documentado subcontrataciones para la redacción de guiones que superan los 5 millones de pesos, así como una nómina con salarios elevados en puestos directivos. No se trata de un esfuerzo marginal: es una operación sostenida, financiada y organizada desde el aparato estatal. La tensión aparece cuando se contrasta este modelo con el Villamil que durante años denunció la relación entre poder político y medios. En sus libros y reportajes cuestionó la opacidad, los contratos asignados sin competencia clara y el uso de recursos públicos para construir narrativas favorables al gobierno en turno. Hoy, sin embargo, el esquema que encabeza reproduce varios de esos elementos: externalización de contenidos, decisiones concentradas y una lógica donde el dinero público financia piezas que no solo informan, sino que también fijan postura y confrontan críticos. A este escenario se suman señalamientos que ya no solo apuntan al uso de recursos, sino al estilo con el que se ejerce el poder desde la comunicación pública. Denuncias recientes advierten sobre prácticas de estigmatización hacia periodistas y el uso de plataformas públicas para desacreditar contenidos críticos. El tono, además, ha sido parte del problema: el episodio del “desmentido” fallido en el caso de Palacio Nacional evidenció errores de verificación, y una reacción institucional que empujó a la presidenta Sheinbaum a una descalificación inicial y una corrección tardía. Y ahí es donde la pregunta se vuelve inevitable: si antes se criticaba el uso del presupuesto para influir en la opinión pública, ¿qué cambia realmente cuando ahora ese mismo mecanismo se ejerce desde el poder? En ese espejo incómodo no aparece solo Jenaro Villamil. También se reflejan figuras como Rafael Barajas “El Fisgón” o Gerardo Fernández Noroña, quienes durante años construyeron su legitimidad desde la crítica frontal al sistema, pero que hoy enfrentan señalamientos por reproducir prácticas similares a las que denunciaban. Porque si algo prometía ser distinto en este proyecto político era precisamente la forma de ejercer el poder. Cuando quienes antes denunciaban la propaganda, la simulación y el uso discrecional de recursos públicos terminan operando bajo lógicas parecidas, la decepción es grande. Más que un cambio de nombres, lo que queda en entredicho es si realmente cambió el modelo o si, al final, solo cambió quién lo administra Hasta la próxima
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