Martes 21 de Abril de 2026 |
En nuestro querido Estado, hablar del futuro suele centrarse en desarrollo, seguridad o crecimiento económico. Sin embargo, hay una conversación igual de urgente que durante años se ha evitado: el derecho a una muerte digna, y a veces esos temas “espantan”. Como si hablar de la muerte fuera tabú y no una realidad que miles de familias enfrentan todos los días en silencio, entre hospitales saturados, diagnósticos irreversibles y decisiones que hoy, simplemente, no tienen respaldo legal. La llamada “Ley Trasciende”, impulsada por la activista Samara Martínez, pone sobre la mesa un tema complejo, pero profundamente humano: la posibilidad de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido como una garantía de libertad individual y dignidad en los momentos más difíciles de la vida. Negarse siquiera a discutir la eutanasia y el suicidio asistido no es una postura moral superior; es una forma de evadir la realidad. Es condenar a personas con enfermedades terminales a prolongar el dolor, no por elección, sino por falta de opciones. Eso también es violencia, aunque se disfrace de “valores”. Legislar sobre la muerte digna no es promoverla, es reconocer que el Estado debe acompañar a las personas incluso en sus decisiones más íntimas. En un contexto donde muchas familias enfrentan enfermedades terminales sin alternativas legales ni apoyo suficiente, esta iniciativa representa un acto de empatía institucional que no puede seguir postergándose. Actualmente, las desigualdades en el acceso a la salud siguen siendo evidentes; la discusión cobra aún más sentido. La dignidad no debería depender de recursos económicos ni de la capacidad de una familia para sostener tratamientos prolongados. La dignidad debe ser un derecho. En Movimiento Ciudadano encuentro esta propuesta y encaja en una lógica distinta de hacer política: una que pone a las personas en el centro, que entiende las libertades individuales como pilares y que no teme abordar temas incómodos si estos significan avanzar hacia una sociedad más justa. Esta visión ha encontrado eco en liderazgos nacionales como el del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha respaldado la importancia de discutir con seriedad y responsabilidad iniciativas que amplían derechos, aun cuando estas impliquen romper inercias y enfrentar resistencias. La “Ley Trasciende” no es solo una propuesta legislativa; es un llamado a madurar como sociedad. A entender que el futuro no solo se construye garantizando cómo vivimos, sino también respetando cómo decidimos partir. Porque al final, la verdadera trascendencia de una ley no está en su popularidad, sino en su capacidad de reconocer la dignidad humana en todas sus etapas. |
