Martes 28 de Abril de 2026 |
Desde la Cámara de Diputados hemos dado un paso histórico en la protección de la vida de las mujeres. Con la aprobación de la reforma constitucional para expedir la Ley General en materia de Feminicidio, enviamos un mensaje claro y contundente: la justicia no puede seguir siendo una promesa incumplida ni depender de la entidad federativa donde se viva. Esta reforma, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, surge como una respuesta urgente ante un abandono institucional que ha durado años. No estamos ante un trámite legislativo más, sino ante un acto de responsabilidad del Estado para saldar una deuda histórica con las mujeres que han enfrentado la violencia y la impunidad. El corazón de esta nueva ley es la homologación. Hasta hoy, la forma de investigar y castigar un feminicidio variaba drásticamente entre un estado y otro. Con este nuevo marco jurídico, se unifican los protocolos de investigación y el tipo penal en todo el país, garantizando que el acceso a la justicia sea igual para todas, sin importar en qué entidad federativa ocurran los hechos. Uno de los puntos más relevantes es la obligatoriedad de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio. Se acabó el tiempo de la opacidad y de invisibilizar la violencia de género. Ahora, la perspectiva de género será la regla mínima y obligatoria para que ninguna carpeta de investigación se pierda en la indiferencia. Las sanciones que propone esta ley son severas, estableciendo penas que van de los 40 a los 70 años de prisión. El objetivo es que el peso de la ley sea un reflejo del daño irreparable que este delito causa. El feminicidio no solo arrebata una vida, sino que erosiona profundamente nuestro tejido social y deja hogares vacíos. Esta ley articula de manera eficaz las acciones del Estado para la prevención, sanción y, muy importante, la reparación del daño a las víctimas y sus familias. Cada mujer que nos falta es una hermana, una hija o una madre cuyo vacío se siente en todo México. Reconocer que la vida de cada mujer importa significa ponerlas en el centro de las decisiones públicas. Con este andamiaje jurídico, el Estado asume su obligación de no fallarles nunca más. El feminicidio es la consecuencia de las violencias más extremas que inician en las calles y en las casas. Por ello, la Ley General busca combatir el fenómeno desde su raíz, garantizando una respuesta penal uniforme y una vigilancia estrecha para que el sistema de justicia deje de ser un laberinto insalvable. El compromiso es claro: trabajar hasta el último minuto para transformar la realidad que sufren las mujeres, niñas y adolescentes. México exige instituciones fuertes y leyes que realmente protejan a quienes son el origen de la vida misma, asegurando que el camino hacia la paz sea también un camino de igualdad. Nunca más una mujer violentada, nunca más una niña abusada y nunca más un asesinato sin castigo. Hoy se consolida un marco nacional que nos permite decir con fuerza: “Ni una más”. La justicia está en marcha y la dignidad de las mujeres es, finalmente, una prioridad de Estado.
Julieta Kristal Vences Valencia Diputada federal de Morena y Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados |
