Lunes 04 de Mayo de 2026 |
Estimado lector, estos días la política mexicana parece haberse convertido en una competencia de indignaciones: soberanía por aquí, injerencia extranjera por allá, declaraciones cruzadas y un debate que, como suele ocurrir, dice mucho… y aclara poco. Entre reportes de agencias estadounidenses operando en territorio nacional y solicitudes de extradición, el tema ha escalado rápidamente. Pero, en medio del ruido, hay un punto que no debería perderse de vista. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa no son un episodio aislado. Se insertan en una discusión mucho más amplia, incómoda y persistente: la relación entre el poder político y el crimen organizado en México. Y es aquí donde aparece un término que incomoda, pero describe mejor de lo que muchos quisieran admitir: narcogobierno. Conviene detenernos un momento. No, no significa que “el narco manda” en México. Esa es una simplificación útil para el discurso, pero pobre para el análisis. Un narcogobierno no implica la sustitución del Estado, sino algo más complejo —y por ello más preocupante—: una red de vínculos, influencias y, en ciertos casos, complicidades entre estructuras formales de poder y organizaciones criminales. Es decir, no se trata de quién manda, sino de cómo se entrelazan los intereses. El fenómeno no es nuevo. Desde la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento del narcotráfico en México no solo acumuló poder económico, sino también capacidad de incidencia política. Con el tiempo, esa relación evolucionó, mutó y, en muchos casos, se sofisticó. Hoy no hablamos únicamente de tolerancia u omisión. Hablamos de un entramado donde la línea entre autoridad y actor criminal puede volverse peligrosamente difusa. Ahora bien, frente a estas acusaciones, la respuesta oficial ha sido predecible: la defensa de la soberanía. El argumento no es irrelevante. Ningún Estado acepta con facilidad que otro intervenga en sus asuntos internos. Pero convertir la soberanía en escudo automático frente a cualquier señalamiento también tiene un costo. Porque una cosa es defender la jurisdicción nacional, y otra muy distinta es evadir el fondo del problema. Y el fondo, estimado lector, no desaparece con comunicados. La discusión no debería centrarse únicamente en si Estados Unidos tiene o no razón al señalar, sino en algo más incómodo: por qué estas acusaciones resultan verosímiles para amplios sectores de la opinión pública. Ahí es donde el problema se vuelve estructural. En un país donde la impunidad ha sido históricamente alta y donde múltiples investigaciones —periodísticas, académicas y judiciales— han documentado vínculos entre autoridades y crimen organizado, la sospecha deja de ser excepcional y se convierte en patrón. Y cuando eso ocurre, el daño no es solo político. Es institucional. Porque la confianza en el Estado se erosiona no cuando aparece una acusación, sino cuando esa acusación encaja demasiado bien con la percepción existente. Consolidar poder político siempre ha implicado construir alianzas, redes y acuerdos. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. El problema surge cuando algunos de esos acuerdos cruzan la frontera de la legalidad. Y en ese terreno, el narcotráfico no es un actor cualquiera. Es, ante todo, un negocio multimillonario con capacidad de presión, de cooptación y, en casos extremos, de violencia directa. Ignorar eso sería ingenuo. Reducirlo a un eslogan, también. Este poder, construido a lo largo de décadas, no distingue colores partidistas ni geografías específicas. Se adapta, se infiltra y encuentra puntos de contacto donde existen incentivos para ello. Y si el lector piensa que esto es un fenómeno aislado, conviene observar con más atención el mapa político del país: Ahí están los Rocha Moya en Sinaloa, los Moreira en Coahuila, los Monreal en Zacatecas, los López Hernández en Tabasco, los Yarrington en Tamaulipas, los Duarte en Veracruz, los Marín en Puebla… y una lista que, por desgracia, no termina ahí. No se trata de equiparar casos ni de emitir sentencias sumarias, sino de reconocer un patrón: la persistencia de vínculos cuestionados entre poder político y estructuras criminales en distintas regiones y momentos. Eso, precisamente, es lo que alimenta la idea de narcogobierno. Recuerde, estimado lector, que en política no todo es lo que parece. A veces el problema no es que el crimen organizado haya capturado al Estado por completo, sino algo más sutil —y más peligroso—: Que haya aprendido a convivir con él. Y cuando la convivencia se vuelve costumbre, la diferencia entre combatir un problema y administrarlo empieza a desdibujarse. |
