La justicia no puede parecerse a la violencia

Vivimos tiempos en los que la indignación social suele convertirse rápidamente en exigencias de castigos cada vez más severos. La violencia contra niñas, niños y adolescentes genera dolor, rabia y una comprensible necesidad de justicia. Frente a delitos tan graves como la violencia sexual infantil, ninguna sociedad democrática puede permanecer indiferente.

Sin embargo, precisamente en los momentos de mayor indignación colectiva es cuando más debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir y desde qué principios deseamos hacerlo.

En días recientes, el debate público volvió a centrarse en propuestas de “castración química” para agresores sexuales. Como suele ocurrir en contextos marcados por el miedo y el enojo social, la conversación se polarizó rápidamente entre quienes exigen medidas ejemplares inmediatas y quienes advierten riesgos éticos, jurídicos y de derechos humanos.

Pero quizá el verdadero problema es otro: estamos discutiendo únicamente cómo castigar, cuando deberíamos preguntarnos también por qué seguimos llegando tarde.

Porque proteger verdaderamente a la infancia no comienza en la sanción. Comienza mucho antes: en la prevención, en la detección temprana, en la salud mental, en el fortalecimiento comunitario, en la educación, en la construcción de vínculos familiares sanos y en instituciones capaces de actuar antes de que el daño ocurra.

La violencia no surge de manera aislada ni espontánea. Crece en contextos donde existen silencios familiares, abandono institucional, normalización de la agresión, desigualdad, impunidad y ausencia de mecanismos eficaces de protección. Por ello, cuando una sociedad responde únicamente endureciendo penas, pero sin intervenir las causas profundas, corre el riesgo de convertir la política pública en una reacción emocional permanente y no en una verdadera estrategia de protección integral.

No se trata de minimizar delitos ni de relativizar el dolor de las víctimas. Al contrario. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes debe enfrentarse con toda la fuerza legítima del Estado: investigación profesional, sanciones efectivas, atención integral a víctimas, reparación del daño y cero impunidad.

Pero una democracia también tiene límites éticos y jurídicos que no deberían desaparecer frente a la indignación pública.

Creo profundamente en la justicia. Pero no creo en la venganza como política pública.

Una sociedad que responde a la violencia únicamente con más violencia corre el riesgo de olvidar aquello que precisamente intenta defender: la dignidad humana.

Defender derechos humanos no significa proteger agresores ni justificar conductas criminales. Significa impedir que el Estado actúe desde la lógica de la crueldad. Significa recordar que incluso frente al peor delito, el poder público debe mantenerse dentro de los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad que sostienen a un Estado democrático.

La dignidad humana no puede fragmentarse según la popularidad social de una persona o la gravedad del debate mediático. Justamente en los momentos más difíciles es cuando una sociedad demuestra la solidez de sus principios.

Hoy más que nunca necesitamos serenidad ética y profundidad institucional.

Porque el problema de la violencia sexual contra la infancia no se resolverá únicamente desde discursos punitivos. Se resolverá fortaleciendo sistemas integrales de protección, mejorando capacidades de investigación, construyendo comunidades protectoras, atendiendo salud mental, generando educación responsable, vigilando entornos digitales y rompiendo los silencios familiares e institucionales que durante años han permitido que miles de niñas y niños permanezcan invisibles.

La infancia necesita protección integral, no espectáculo punitivo.

Y la prevención no es debilidad institucional. La prevención es inteligencia pública. Es la capacidad de un Estado para actuar antes de que la violencia destruya vidas. Es entender que la seguridad no se construye únicamente con castigos, sino también con comunidad, confianza, educación y presencia institucional.

En tiempos donde el debate público parece premiar la radicalización y el enojo, defender la dignidad humana puede parecer incómodo. Pero estoy convencida de algo: las mejores políticas públicas no nacen del odio. Nacen de la responsabilidad ética.

La justicia no puede parecerse a la violencia.

Porque si el Estado termina reproduciendo la lógica de la crueldad, entonces habremos perdido mucho más que un debate legislativo: habremos perdido el sentido mismo de humanidad que estamos llamados a proteger.