Miércoles 20 de Mayo de 2026 |
Desde que un martes 28 de abril por la tarde el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó órdenes de detención con fines de extradición por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa para 10 personas en dicho estado, las cosas se le complicaron en el discurso a la presidenta de la República. Seguramente sus malos asesores le recomendaron que, ante el escándalo que generó que el primero en esa lista fuera el gobernador Rubén Rocha Moya, su postura fuera exigir pruebas claras, contundentes, firmes, etcétera, etcétera. Alguien debió haberle dicho que las pruebas se presentan en el juzgado de distrito en Nueva York, una vez que se haya completado la extradición. Ese discurso lo mantuvo el gobierno hasta el viernes 15 de mayo, es decir, 20 días naturales desde la solicitud, a pesar de que el gobernador solicitó licencia para separarse de su encargo el primero de mayo. Desafortunadamente no lo hizo para enfrentar el proceso; lo hizo para esconderse, lo que ha desatado especulaciones de todo tipo sobre su paradero. A esto hay que sumarle que la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el congelamiento de sus cuentas bancarias y las de otros funcionarios y exfuncionarios. Esta medida, al parecer, tomó de sorpresa a la presidenta, quien minimizó el hecho afirmando que solo es una medida administrativa. Otro caso es el del segundo en la lista, el senador de la República Enrique Inzunza Cázarez, que después de haber sido electo como integrante de la Comisión Permanente, el 2 de mayo declaró que él se iba a presentar al Congreso, pero días después cambió de opinión con el argumento de no darle a la oposición “la ocasión de convertir la sesión en un espectáculo”. El senador ha aparecido en redes sociales afirmando que está en su natal Badiraguato, lugar de nacimiento de tres personajes involucrados en la trama: Joaquín Guzmán Loera, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el mismo senador Enrique Inzunza. Un giro inesperado en esta trama se dio el viernes pasado, cuando otros dos en la lista se entregaron “voluntariamente” a la justicia norteamericana. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, ambos funcionarios durante una parte del gobierno de Rubén Rocha Moya, uno en la frontera y el otro en Irlanda, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. La presidenta, desde entonces, modificó su narrativa, minimizando el hecho de que esas detenciones puedan traer riesgo para el gobierno y su partido. Por si fuera poco, el insensible y protagónico senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, declaró prácticamente que el gobierno había tenido responsabilidad en la entrega a las autoridades porque dijo: “Deberían tener bajo resguardo, bajo vigilancia, bajo ciertas limitaciones de movilidad a estas personas, algunos compañeros y compañeras señaladas por las autoridades del gobierno de Estados Unidos”. ¿Qué nuevas sorpresas conoceremos esta semana? Me parece que varias importantes. Porque si dos de la lista, sin pruebas, se entregaron, creo que podemos esperar otras más relevantes. Cuestión de tiempo. |
