Miércoles 03 de Junio de 2026 |
Por años, la seguridad pública en México dejó de medirse únicamente en estadísticas criminales. Hoy también se mide en emociones: miedo, desconfianza, incertidumbre y resignación. En la zona metropolitana de Puebla, esa percepción parece consolidarse como una crisis silenciosa que avanza más rápido que los discursos oficiales. De acuerdo con un ejercicio de opinión pública realizado por la empresa INDAGA, en el mes de abril de este 2026, mediante entrevistas cara a cara a mil personas en la zona metropolitana de Puebla, con un nivel de confianza del 95%, los resultados revelan una ciudadanía profundamente preocupada por la inseguridad y con una baja confianza en las corporaciones policiacas municipales. El dato más contundente quizá no es el número de delitos, sino la sensación permanente de vulnerabilidad. Apenas el 7.18% de los encuestados afirmó sentirse “muy seguro” en su colonia o comunidad, mientras que el 38.31% dijo sentirse “poco seguro” y el 27.24% “nada seguro”. En otras palabras: casi siete de cada diez poblanos viven con temor en su entorno inmediato. La percepción no es un fenómeno menor. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), ha colocado reiteradamente a Puebla entre las ciudades con altos niveles de percepción de inseguridad. En sus mediciones recientes, más del 70% de la población manifestó sentirse insegura en la ciudad. Esa coincidencia entre los datos oficiales y los sondeos independientes confirma una realidad incómoda: la inseguridad ya no es solamente un problema policial, sino un problema de legitimidad institucional. Otro dato que revela una fractura social importante es el relacionado con la victimización. El 24.7% de los encuestados aseguró que ellos o algún integrante de su familia fueron víctimas de algún delito en los últimos doce meses. Sin embargo, el dato más alarmante es el 41.5% que respondió “No sabe/No contestó”. Ese silencio estadístico suele interpretarse en estudios de opinión como miedo, desconfianza o normalización de la violencia. En México, muchas víctimas prefieren callar antes que denunciar, principalmente porque consideran que “no pasa nada”. Y los números oficiales respaldan esa percepción. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra de delitos en el país supera el 90%; es decir, la inmensa mayoría de los delitos no se denuncia o no deriva en investigaciones efectivas. El ciudadano no solamente teme al delincuente; también desconfía del sistema. Esa desconfianza se refleja directamente en la evaluación de las policías municipales. En la encuesta de INDAGA, apenas el 8.14% aprueba el desempeño policial en materia de seguridad pública, mientras que un contundente 64.53% lo desaprueba. Es una cifra devastadora para cualquier gobierno local. El problema de fondo no parece ser únicamente la capacidad operativa de las corporaciones, sino la percepción de corrupción, ineficiencia y falta de resultados. Cuando la ciudadanía deja de creer en sus policías, el tejido institucional comienza a debilitarse peligrosamente. Paradójicamente, los propios ciudadanos ofrecen pistas sobre lo que esperan de las autoridades. El 20.11% considera que la prioridad debe ser una mejor capacitación policial; el 18.24% pide más patrullajes; y el 14.36% exige mayor instalación de cámaras de vigilancia. También aparece un dato relevante: el 13.19% considera que el alumbrado público es fundamental para combatir la inseguridad. Esto confirma algo que los especialistas en criminología urbana han sostenido desde hace décadas: la seguridad no depende únicamente de policías y armas, sino también del espacio público, la prevención y la reconstrucción comunitaria. Una calle oscura, abandonada o deteriorada suele convertirse en terreno fértil para la delincuencia y el miedo. Llama la atención, además, que el 12.14% de los ciudadanos considere prioritarios los programas para jóvenes. Es un mensaje poderoso: parte de la población entiende que la violencia no puede enfrentarse sólo con fuerza pública, sino también con oportunidades, educación, deporte y reconstrucción del tejido social. El gran desafío para Puebla no es únicamente disminuir delitos; es recuperar la confianza ciudadana. Porque cuando la ciudadanía siente miedo de salir, desconfía de denunciar y desaprueba masivamente a sus autoridades, la crisis deja de ser estadística y se convierte en una crisis de gobernabilidad. La seguridad pública no se resuelve únicamente con patrullas visibles o discursos optimistas. Se construye con resultados, transparencia, inteligencia policial y cercanía ciudadana. Y hoy, los datos parecen indicar que la distancia entre gobierno y sociedad sigue creciendo. |
