Jueves 11 de Junio de 2026

Es un error histórico creer que una intervención de Estados Unidos puede resolver los problemas de seguridad de México o de América Latina. La desesperación ante la violencia, el narcotráfico y la inseguridad es comprensible, pero la idea de que Washington llegará a imponer orden donde los gobiernos mexicanos han fracasado ignora una larga y dolorosa experiencia latinoamericana. Pensar que esta vez sería diferente requiere olvidar demasiadas lecciones que la historia nos ha dejado; algunas como:

Guatemala. En 1954, la operación “PBSuccess”, impulsada por la CIA, contribuyó al derrocamiento del presidente democráticamente electo Jacobo Árbenz. Su caída abrió paso a la dictadura militar de Carlos Castillo Armas y a una guerra civil que durante 36 años dejó más de 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Diez años después, en Brasil, la operación “Brother Sam” respaldó el golpe contra João Goulart. Sus reformas sociales y agrarias despertaron preocupación en Washington en pleno contexto de la Guerra Fría. El resultado fue una dictadura militar que se prolongó por más de dos décadas y limitó severamente las libertades democráticas del país.

En República Dominicana, en 1965, miles de marines estadounidenses desembarcaron para impedir el retorno al poder de Juan Bosch durante una guerra civil que dejó miles de víctimas. En Chile, con el proyecto “Belt” de 1973, el gobierno de Salvador Allende fue derrocado y su asesinato dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet, dejando miles de muertos, desaparecidos y víctimas de tortura. Al mismo tiempo, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, distintos gobiernos militares recibieron apoyo político, económico o logístico de Washington.

Todo ello formó parte de una estrategia continental conocida como Plan Cóndor. Bajo la coordinación de las dictaduras sudamericanas y con respaldo estadounidense, se desarrolló una red de persecución política que persiguió, encarceló, torturó y asesinó a miles de opositores izquierdistas. Agentes vinculados a los servicios de inteligencia estadounidenses colaboraron en el entrenamiento de cuerpos represivos y en la difusión de técnicas de contrainsurgencia que dejaron una profunda huella en la región.

México tampoco permaneció al margen. Documentos desclasificados han revelado amplios vínculos de cooperación entre agencias estadounidenses y organismos de inteligencia mexicanos durante la Guerra Fría. La Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, fue el brazo mexicano de esa alianza. Oficialmente protegía la seguridad nacional; en la práctica fue un instrumento de vigilancia política y represión. Daba todo tipo de apoyo a la CIA y a la embajada estadounidense, que tenía en México una de sus estaciones más grandes del mundo. Con operaciones como “Litempo” y “Lienvoy”, y con figuras como Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro y José Luis Valles, se encargó de acabar con la disidencia izquierdista.

Por todo lo anterior, resulta preocupante escuchar propuestas que plantean la participación directa de Estados Unidos en territorio mexicano como una solución al problema del narcotráfico. La experiencia latinoamericana demuestra que las intervenciones de Estados Unidos en nombre del “orden, la estabilidad y la democracia” resultaron en dictaduras, guerras civiles, represión y miles de muertos. Rara vez resuelven los conflictos que dicen combatir y con frecuencia los agravan, debilitan las instituciones nacionales y dejan heridas que tardan generaciones en sanar.

México enfrenta una crisis real de violencia, corrupción e impunidad, pero la respuesta no puede consistir en entregar soberanía ni en confiar el destino del país a una potencia que históricamente ha privilegiado sus propios intereses por encima de los de América Latina. La seguridad de México debe construirse desde México.