Lunes 15 de Junio de 2026 |
Pedir, solicitar o exigir protección a las autoridades no siempre tiene la respuesta adecuada. El alto grado de impunidad, violencia e inseguridad que se vive en el país no solamente lo sufre la población en general. La violencia e inseguridad escalan todos los niveles e impactan en las distintas clases sociales y en los diversos sectores de la sociedad. En el ámbito político, especialmente aquellos liderazgos que no comulgan con la 4T, son desdeñados ante las peticiones de auxilio, lo que más adelante ha repercutido en asesinatos. El reciente crimen del alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo, es una muestra más del desdén de las autoridades. El entonces alcalde panista de la pequeña comunidad oaxaqueña pidió resguardo para su persona ante constantes amenazas recibidas en el ejercicio del cargo. La pidió al gobernador Salomón Jara, quien simplemente la desestimó. Otro alcalde en funciones, Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán, independiente, también hizo lo propio y pidió resguardo ante amenazas e incluso señaló al senador Raúl Morón y al diputado federal Leonel Godoy como eventuales responsables de lo que pudiera pasarle y que, finalmente, le pasó: fue asesinado, pero tampoco tuvo respuesta. Como ellos, otros personajes que no son afines al actual gobierno federal proceden a solicitar garantías ante las amenazas que surgen a su alrededor, pero tampoco reciben la respuesta adecuada, ya que se trata de opositores. La diputada local por Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, ha solicitado desde hace tiempo protección para su persona, pues ha recibido constantes amenazas en su contra por tratarse de una crítica del gobierno del estado. Lo pidió a la Guardia Nacional, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Gobernación, sin respuesta alguna. Ella fue víctima de secuestro por parte de grupos criminales y su petición nunca fue atendida. Ahora recibió otra advertencia, pero más fuerte, ya que en la puerta de su casa fue dejada una corona mortuoria, con el pésame a la familia Gárate. Eso, se sabe, es una cruel advertencia de lo que puede ocurrir, en un mensaje críptico. La respuesta del gobierno fue selectiva, ya que concedió darle seguridad a la diputada priista, siempre y cuando avise cuándo la necesite o cuándo quiere que se le acompañe, algo verdaderamente grotesco. Si algo queda evidenciado dentro del actual gobierno es su desestimación ante las peticiones de auxilio por parte de políticos, principalmente si no son de su filiación política. Lo suyo, lo suyo no es la protección de la ciudadanía en general y tampoco de los políticos que requieren de la ayuda gubernamental ante amenazas en contra de ellos. Está visto que así como desprotegen a quienes claman por ayuda, sucede lo contrario con aquellos que no la piden, pero que al propio gobierno le interesa resguardar. Lo vemos con el amparo que da a personajes como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue sujeto de una petición por parte de un fiscal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de vinculación con grupos criminales. Pero no lo hace para resguardar al político de posibles atentados de grupos delincuenciales, sino para que no sea sustraído por aquellos que piden su extradición, como sucedió con el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. |
