Jueves 18 de Junio de 2026 |
Hay problemas que aparecen en las estadísticas y otros que se sienten en la vida cotidiana. La violencia contra las mujeres pertenece a ambas categorías. Mientras las autoridades presentan programas, campañas y discursos institucionales, la percepción ciudadana en la zona metropolitana de Puebla revela una realidad mucho más compleja: para la mayoría de los habitantes, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave y las instituciones aún no logran generar confianza suficiente para enfrentarlo. Una encuesta realizada por la empresa INDAGA en conjunto con una asociación civil, aplicada a finales de mayo de 2026 en Puebla capital, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Santa Clara Ocoyucan, con una muestra de 750 entrevistas cara a cara, ofrece una fotografía preocupante sobre la percepción social del fenómeno. El primer dato es contundente. El 64.79% de los encuestados considera que la violencia contra las mujeres es un problema grave en su municipio. De ellos, el 25.47% la considera "muy grave" y el 39.32% "algo grave". Apenas el 8.21% afirma que ese problema no existe. La cifra coincide con una tendencia observada en estudios nacionales. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ha documentado durante años que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales problemas sociales del país. De acuerdo con los datos más recientes disponibles, más del 70% de las mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La diferencia es que detrás de cada porcentaje hay historias reales: mujeres que modifican sus rutas diarias por miedo, jóvenes que normalizan el acoso en el transporte público, madres que enfrentan violencia económica dentro de sus hogares y víctimas que nunca denuncian porque creen que nadie las escuchará. La encuesta de INDAGA permite observar otro aspecto relevante: la violencia ya no es percibida únicamente como agresión física. Cuando se preguntó cuál es la forma de violencia más frecuente en la comunidad, la respuesta principal fue la violencia psicológica o emocional, con 20.27%, seguida por el acoso callejero, con 14.56%; la violencia familiar, con 14.29%; y la violencia física, con 13.41%. El dato es significativo porque muestra que la ciudadanía reconoce formas de violencia que durante décadas permanecieron invisibles. Los insultos, amenazas, humillaciones, control económico y agresiones digitales forman parte de una realidad cotidiana que muchas veces no aparece en los reportes policiales. La violencia digital, por ejemplo, fue identificada por el 10.62% de los entrevistados como una de las expresiones más frecuentes. Esto refleja un fenómeno creciente en México: el uso de redes sociales y plataformas digitales para acosar, amenazar, difundir contenido íntimo o ejercer control sobre las mujeres. Sin embargo, quizá el hallazgo más preocupante del estudio no está relacionado con la violencia misma, sino con la confianza institucional. A la pregunta sobre qué tanto confían en que las autoridades atienden adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, apenas el 6.74% respondió "mucho" y el 12.51% "algo". En contraste, el 40.39% afirmó no confiar nada y el 22.68% dijo confiar poco. En conjunto, más del 63% expresa desconfianza hacia las instituciones encargadas de atender estos casos. Ese dato debería encender todas las alarmas. Porque una política pública puede tener presupuesto, personal y programas, pero si las víctimas no confían en las instituciones, difícilmente denunciarán. Y cuando las víctimas no denuncian, la impunidad se convierte en un círculo vicioso que fortalece a los agresores. Los números oficiales muestran que este problema no es exclusivo de Puebla. Diversos estudios nacionales han documentado que una gran parte de los delitos relacionados con violencia de género nunca llega a las autoridades. El miedo, la revictimización, la burocracia y la percepción de ineficacia institucional siguen siendo barreras importantes para acceder a la justicia. La lectura crítica de esta encuesta deja una conclusión clara: la sociedad poblana reconoce la gravedad del problema más rápido de lo que las instituciones logran resolverlo. La violencia contra las mujeres ya no es un tema oculto ni una discusión exclusiva de organizaciones feministas. Es una preocupación pública compartida por miles de ciudadanos. Sin embargo, el reconocimiento social no ha sido acompañado por una recuperación equivalente de la confianza institucional. Y ahí radica el verdadero desafío. Porque combatir la violencia implica castigar a los agresores, pero también construir instituciones en las que las mujeres crean. Instituciones que respondan con rapidez, sensibilidad, profesionalismo y resultados. Mientras esa confianza no exista, las cifras podrán cambiar en los informes gubernamentales, pero la sensación de vulnerabilidad seguirá presente en las calles, en los hogares y en la vida cotidiana de miles de mujeres poblanas. La violencia contra las mujeres no solo representa una deuda de justicia. También es una prueba de la capacidad del Estado para proteger a quienes más lo necesitan. Y, según los datos de INDAGA, esa prueba sigue sin aprobarse. |
