Jueves 25 de Junio de 2026 |
Desde el primer día en que asumí la responsabilidad de representar al pueblo, mi eje ha sido muy claro: los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes no se negocian, se defienden y se impulsan desde cualquier trinchera. Para erradicar la violencia de género, no basta con lamentar las cifras o lanzar discursos desde la comodidad; se necesita voluntad política, contundencia jurídica y una profunda empatía con quienes históricamente han sido silenciadas. Hoy, desde la Cámara de Diputados, estamos dando un paso histórico para saldar una deuda pendiente con las más vulnerables. La Comisión de Igualdad de Género, de la cual orgullosamente soy Secretaria y en la anterior Legislatura tuve el honor de presidir, aprobó una iniciativa que presenté con el firme propósito de visibilizar y tipificar la cohabitación forzada como una modalidad específica de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Siempre he sostenido una premisa fundamental: aquello que no se nombra, no existe; y lo que no se reconoce en la ley, difícilmente se convierte en una política pública. Aunque en México logramos un avance civilizatorio al prohibir el matrimonio infantil, la realidad nos ha demostrado que el problema mutó. Hoy, miles de niñas no se casan ante un registro civil, pero son obligadas a unirse informal o consuetudinariamente con hombres adultos o de su mismo grupo etario. Al no haber un acta de por medio, estas uniones pasan desapercibidas para las autoridades, perpetuando ciclos brutales de control, aislamiento, abuso y deserción escolar. Las cifras de UNICEF a nivel mundial son una bofetada a nuestra conciencia: 12 millones de menores de edad son obligadas a contraer matrimonio o unirse a alguien contra su voluntad cada año. Eso se traduce en una desgarradora realidad: una niña es despojada de su infancia cada tres segundos. De ese universo aterrador, una de cada seis ni siquiera ha cumplido los 15 años. Ante esta cruda verdad, cruzarse de brazos es una complicidad que no nos podemos permitir. Estamos hablando de "infancias robadas". Que quede muy claro: la cohabitación forzada no es una unión libre ni una decisión tomada en autonomía. Es una situación de opresión en la que una mujer, niña o adolescente es obligada —mediante violencia física, psicológica, coerción o presión económica— a vivir en unión de hecho con alguien, de forma constante y equiparable a un matrimonio, en contra de su voluntad plena. Por eso, la enmienda que propongo para modificar los artículos 6 Bis, 7 y 16 de la Ley General no busca invadir libertades ni criminalizar las decisiones personales de la ciudadanía. Lo que hace es, de manera precisa, cerrar un vacío normativo punzante para proteger a quienes no pudieron decidir libremente. Queremos que el Estado mexicano no actúe únicamente a través del derecho penal cuando el daño ya es irreversible y la vida de una niña ya ha sido destrozada. Necesitamos herramientas administrativas, estadísticas específicas, diagnósticos claros y, sobre todo, mecanismos de prevención eficaces. Con esta reforma, la cohabitación forzada será reconocida formalmente como violencia familiar cuando sea ejercida por parientes o parejas, y como violencia en la comunidad cuando sea impuesta por el entorno social. La transformación de nuestro país pasa necesariamente por garantizar la seguridad, el desarrollo y la libertad de sus mujeres. Desde la trinchera en la que me encuentre, seguiré alzando la voz y legislando con el corazón a la izquierda para que el futuro de nuestras niñas esté lleno de libretas, de juegos, de sueños y de metas alcanzadas, nunca de sumisión ni de violencias ocultas. En el México de la Cuarta Transformación, el mensaje es contundente: ninguna mujer, niña o adolescente deberá ser obligada a vivir con alguien en contra de su libertad. ¡Ni una más!
Julieta Kristal Vences Valencia Diputada Federal de Morena y Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. |
