Martes 28 de Julio de 2026

En Puebla y en municipios como Tehuacán ya no basta con preguntarnos si la inseguridad aumentó o disminuyó. La verdadera pregunta es otra: ¿en qué momento la seguridad dejó de ser una política pública para convertirse en un argumento político?

Cada vez que ocurre un hecho violento comienza el mismo libreto. Los gobiernos llaman a la calma, la oposición exige resultados, las redes sociales se llenan de indignación y, unos días después, todo vuelve a la normalidad… hasta que sucede el siguiente caso. Mientras tanto, la ciudadanía aprende a vivir con nuevas reglas: evitar ciertas calles, no salir de noche, desconfiar de los desconocidos y normalizar aquello que nunca debió convertirse en costumbre.

Lo preocupante es que, rumbo a los próximos procesos electorales, la inseguridad amenaza con convertirse en el tema favorito de todos los actores políticos. No porque hayan descubierto la solución, sino porque encontraron un problema que genera votos.

La grilla no distingue colores. Hay quienes, desde el gobierno, intentan convencer de que todo está bajo control, mientras que, desde la oposición, pareciera que el país entero está al borde del colapso. Entre ambos extremos queda la realidad: familias que solo quieren regresar seguras a casa.

Las juventudes observamos ese espectáculo con una mezcla de frustración y hartazgo. Nos dicen que somos el futuro, pero nos piden construir proyectos de vida en ciudades donde cada decisión cotidiana pasa por preguntarnos si es seguro caminar, emprender un negocio o utilizar el transporte público.

La seguridad tampoco puede reducirse al número de patrullas o de cámaras. También depende de espacios públicos dignos, oportunidades para las y los jóvenes, instituciones que investiguen con eficacia y autoridades que coordinen esfuerzos, en lugar de competir por el protagonismo.

En Tehuacán, como en muchas ciudades, la discusión pública suele centrarse en quién tiene la culpa. El municipio señala al estado, el estado mira hacia la federación y, al final, la responsabilidad termina diluyéndose entre competencias y discursos. Pero la delincuencia no espera a que las autoridades se pongan de acuerdo.

Quizá la crítica más severa no sea contra un partido en particular, sino contra una clase política que muchas veces administra la percepción en lugar de resolver el problema. Se invierte más energía en controlar la narrativa que en recuperar la confianza ciudadana.

La inseguridad no debería ser un trofeo electoral ni un instrumento para acumular puntos en la conversación pública. Es una deuda con miles de personas que merecen vivir sin miedo. Porque gobernar no consiste en ganar la discusión del día siguiente. Gobernar consiste en lograr que la gente pueda salir de su casa sin pensar que regresar con bien será cuestión de suerte. Y cuando la política olvida esa diferencia, deja de representar esperanza para convertirse, simplemente, en ruido.